Durante su ampliación de indagatoria, Sergio Schoklender afirmó que perdió patrimonio personal en el programa habitacional. Además, acusó a Aníbal Fernández de financiar el armado de causas judiciales contra el PRO mediante la fundación.
Durante su ampliación de indagatoria, Sergio Schoklender afirmó que perdió patrimonio personal en el programa habitacional. Además, acusó a Aníbal Fernández de financiar el armado de causas judiciales contra el PRO mediante la fundación.
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender amplió su declaración indagatoria este miércoles en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos.
Durante su exposición, el imputado afirmó que el abogado Eduardo Barcesat coordinó un centro de investigación financiado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández con el objetivo de promover denuncias contra funcionarios del PRO.
Según el testimonio del acusado, la iniciativa comenzó en 2008 tras un acuerdo entre Barcesat y la fallecida presidenta de la fundación Hebe de Bonafini. Los registros de aquel periodo señalaron que el letrado asumió en ese mismo año como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, institución que recibía un subsidio fijo estatal.
El imputado enumeró diversos mecanismos de ingresos que mantenían las actividades de la organización. Afirmó que la estructura se sustentaba mediante excedentes del programa de viviendas, aportes de la administración del expresidente venezolano Hugo Chávez, venta de publicaciones, festivales y donaciones externas.
Respecto a las acusaciones de malversación, el exapoderado negó la existencia de irregularidades y aseveró que el plan de construcción resultó intachable. El procesado argumentó que su patrimonio personal disminuyó a partir del inicio del proyecto y que aportó recursos propios, incluidos dos aviones, para sostener la infraestructura de las obras públicas.
La hipótesis judicial del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, sostiene que se transfirieron 748 millones de pesos entre marzo de 2008 y junio de 2011. La fiscalía determinó que el 23% de ese total, equivalente a 206 millones de pesos, no se aplicó a las obras públicas de urbanización y fue canalizado hacia empresas privadas como parte de un desvío de fondos.
El declarante reconoció dos equivocaciones durante su gestión al frente del programa de viviendas sociales. Explicó que la contratación de profesionales vinculados a la militancia afectó el rendimiento laboral y que la delegación de tareas en movimientos territoriales, como el grupo liderado por Emerenciano Sena en Chaco, generó inconvenientes operativos.
Por otra parte, el acusado vinculó a contadores relacionados con el exvicepresidente Amado Boudou en la creación de un fideicomiso posterior a su desvinculación en 2011. Según sus palabras, dicha herramienta financiera buscó absorber la totalidad de los bienes pertenecientes a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El debate oral incluye entre los procesados a su hermano Pablo Schoklender y a los exfuncionarios nacionales Julio de Vido, José López, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo. La investigación judicial transita la etapa de recepciones testimoniales para determinar la responsabilidad de los participantes en la administración de los fondos asignados.
La resolución de la causa judicial se encamina a definir si las transferencias estatales se destinaron al desarrollo social o si existió una red de desvíos corporativos. Las declaraciones vertidas abren nuevos interrogantes sobre el control público de los subsidios otorgados a las organizaciones sociales durante el periodo investigado.
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