Marcela Pagano denunció penalmente al diputado libertario Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la adjudicación de un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por 239.000 dólares, incompatible con sus ingresos y su perfil financiero previo.
La justicia federal comenzó a investigar la evolución económica de un miembro de la bancada de La Libertad Avanza tras una presentación efectuada por la legisladora Marcela Pagano, referente del espacio Coherencia. La demanda penal, radicada bajo el expediente 2511/2026 en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas con la intervención de la fiscal Alejandra Mangano, imputa al funcionario Santiago Santurio por supuesta falsificación de datos públicos, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje de la sospecha radica en la asignación de un cuantioso préstamo en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) otorgado por la principal entidad bancaria estatal en julio de 2025, el cual permitió al dirigente adquirir una residencia de alto valor en una urbanización cerrada de Villa Ballester, modificando sustancialmente un perfil financiero que poco antes de su ingreso al Congreso de la Nación complementaba los ingresos de la docencia mediante servicios de transporte en plataformas digitales.
De acuerdo con el escrito judicial, los ingresos netos del parlamentario —estimados en unos cuatro millones y medio de pesos mensuales tras las deducciones de ley— resultan técnicamente insuficientes para calificar en una línea crediticia de 239.000 dólares con un plazo de amortización a tres décadas, dado que el valor de las cuotas mensuales comprometería casi la mitad de los fondos familiares disponibles, duplicando los topes de riesgo establecidos habitualmente por la propia institución financiera. La denunciante argumenta que las normativas de evaluación interna del banco habrían sido sorteadas de manera irregular, haciendo hincapié en que un cargo legislativo carece de la estabilidad laboral requerida para este tipo de plazos financieros y calificando la operación como un beneficio selectivo del que también habrían participado otros asesores y secretarios de la administración central.
La presentación ante los tribunales de Comodoro Py detalla además un sistemático retraso de hasta veinte meses en la rendición de las declaraciones patrimoniales obligatorias ante la Oficina Anticorrupción, detectando discrepancias significativas entre los saldos bancarios manifestados y el desembolso del porcentaje en efectivo necesario para concretar la operación inmobiliaria. Asimismo, la acusación solicita la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para auditar la supuesta omisión de rentas derivadas de un condominio familiar que opera desde el año 2012 y examinar las actividades comerciales informales de su cónyuge, buscando determinar si la falta de trazabilidad documental responde a una maniobra deliberada de ocultamiento de bienes e infracción al régimen penal tributario.
El juez Santiago Pedraz ordenó el requerimiento de documentación en la histórica sede de Madrid. Investigan si se usaron facturas falsas para financiar campañas de desprestigio contra los magistrados que acusan al oficialismo.
Tras más de dos semanas de intensa búsqueda, familiares identificaron los restos de la mujer de 54 años, quien se encontraba desaparecida desde el 8 de mayo. La Justicia ahora trabaja para determinar las causas de su muerte.
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El volante uruguayo se refirió por primera vez a la violenta pelea que protagonizó con Aurélien Tchouaméni en los vestuarios de Valdebebas. Ya concentrado con la selección de cara al Mundial, aseguró que el episodio le servirá para “crecer y madurar”.
El conductor se abrió en una entrevista íntima con Pampita sobre su proceso personal más duro: la búsqueda de sus hijos a través de 11 tratamientos de fertilidad in vitro tras sufrir un embarazo ectópico y pérdidas gestacionales.
El dueño de Sur Finanzas rompió el silencio tras declarar en Tribunales, rechazó las acusaciones de lavado y detalló su esquema de ganancias durante el cepo.
En una jugada maestra, el Grupo Clarín cede su señal deportiva por 25 millones de dólares. El acuerdo garantiza a Flow la transmisión completa de la Copa 2026 y le pone un freno a la tensión con la AFA.
Con una madurez cívica ejemplar, los centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios iniciaron una medida de fuerza indefinida para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
