La Cámara de Casación Penal rechazó el último recurso de la exmandataria y habilitó el decomiso de 111 propiedades para cubrir el fraude al Estado. La Corte Suprema decidirá el destino final de los bienes familiares.
La Cámara de Casación Penal rechazó el último recurso de la exmandataria y habilitó el decomiso de 111 propiedades para cubrir el fraude al Estado. La Corte Suprema decidirá el destino final de los bienes familiares.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Los magistrados de la Sala IV declararon inadmisible el recurso extraordinario que pretendía elevar el caso al máximo tribunal, lo que habilitó de forma directa el inicio del decomiso patrimonial en la causa Vialidad. La medida busca recuperar $685.000 millones de pesos determinados como el monto del fraude cometido contra el Estado.
El tribunal oral que impuso las condenas envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Rodrigo Giménez Uriburu informó el rechazo de los planteos de las defensas y solicitó al máximo tribunal que resuelva si alguna de las propiedades ejecutadas será afectada para el uso del Poder Judicial o del Consejo de la Magistratura. De acuerdo con la Acordada 22/2025, el tribunal supremo se convertirá en el titular legal de los activos decomisados.
La expresidenta se encuentra detenida en San José 1111 desde el año pasado, luego de que la sentencia por administración fraudulenta quedara firme en junio de 2025.
Aunque los abogados defensores planean recurrir de forma directa ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja, las fuentes judiciales de Comodoro Py confirmaron que esta acción no posee efecto suspensivo automático bajo el artículo 257 del Código Procesal Penal, salvo que los ministros del tribunal resuelvan lo contrario de manera expresa.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña integraron el voto mayoritario que desestimó los reclamos de los imputados. Hornos sostuvo que los agravios expresados no demostraron una cuestión federal suficiente y recordó que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky coincidió en rechazar la presentación de la exmandataria, pero votó a favor de revisar la situación de ciertos departamentos ubicados en la calle Mitre 535 de Río Gallegos y lotes de Los Sauces, por haber sido adquiridos antes del inicio de la maniobra delictiva.
El proceso de ejecución recaerá principalmente sobre el patrimonio de la familia Kirchner, debido a que los activos del empresario Lázaro Báez ya fueron rematados en procesos previos de quiebra y lavado de dinero.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron una lista que incluye un inmueble a nombre de la ex jefa de Estado y 19 propiedades cedidas a sus hijos como adelanto de herencia, entre las que destacan terrenos y complejos habitacionales en El Calafate y Río Gallegos comprados entre 2006 y 2010.
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