El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó las líneas generales de la iniciativa que modificará la normativa vigente. La propuesta oficial buscó reemplazar el esquema regulatorio actual por un marco basado en la autonomía de las partes, donde las disposiciones estatales operarán únicamente de forma supletoria ante la ausencia de acuerdos específicos en los estatutos de las compañías.
La confección del articulado final, que ingresará por la Cámara alta, estuvo a cargo del Ministerio de Desregulación, la cartera de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica. Fuentes oficiales señalaron que el texto buscó suprimir controles administrativos en los registros públicos, habilitando un objeto social amplio y plural sin requerir conexidad entre las actividades económicas de una misma firma.
Justicia internacional y arbitraje
Uno de los ejes que generará mayor discusión en el ámbito legislativo es la autorización para que los socios sometan sus disputas internas al derecho extranjero o mercantil internacional.
Los técnicos de la administración central explicaron que esta alternativa permitirá a las firmas operar bajo legislaciones de distritos como Delaware, Londres o Dubai, facilitando el uso de normativas internacionales para coordinar las relaciones entre los integrantes de las empresas.
Paralelamente, la normativa contemplará la inclusión de cláusulas de arbitraje privadas dentro de los estatutos para solucionar litigios sin recurrir a los tribunales ordinarios.
El proyecto incorporó también los instrumentos de inversión convertibles, un mecanismo que permitirá a los inversores aportar capital de riesgo a las organizaciones sin asumir responsabilidades por las deudas ni transformarse en socios hasta el momento en que resuelvan ejercer su derecho de participación.