La Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del empresario Marcelo Porcel por abusos reiterados a diez compañeros de sus hijos. Aunque se rechazó su detención, la Justicia ordenó controlarlo con una tobillera electrónica y someterlo a exámenes de ADN.
Los magistrados de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones ratificaron la situación procesal de Marcelo Eduardo Porcel como presunto responsable de múltiples vejámenes en perjuicio de compañeros de escuela de sus hijos, incrementando los mecanismos de supervisión sobre el acusado. Si bien el tribunal de alzada optó por no revocar el beneficio de la libertad ambulatoria solicitado de forma unánime por los representantes de los damnificados, el Ministerio Público y la asesoría de menores, ordenó de manera taxativa la colocación inmediata de un dispositivo de geolocalización corporal. Asimismo, los jueces estipularon la entrega de receptores de alerta para las familias de las víctimas, configurados para detectar de forma automática cualquier quebrantamiento de los límites de distancia perimetral impuestos, al tiempo que conminaron al imputado a someterse a la toma de material genético para los cotejos de ADN.
La resolución se adoptó tras una audiencia formal en la que los asesores legales de las querellas expusieron los argumentos para exigir el encarcelamiento preventivo del inversor inmobiliario, adjuntando una misiva manuscrita por la mayoría de las víctimas donde expresaban a las autoridades judiciales la necesidad de que el acusado aguarde el debate oral tras las rejas. Durante el acto, del cual el imputado estuvo excluido debido a las restricciones de contacto vigentes, la asistencia técnica de la defensa intentó desacreditar los fundamentos del procesamiento dictado en la etapa de instrucción por cargos de ultrajes graves, corrupción y generación de material de exhibición sexual. El expediente penal unifica episodios delictivos reiterados dirigidos hacia diez personas que, al momento de los hechos ocurridos en un complejo habitacional del barrio de Palermo, no superaban los trece años.
Los orígenes de la investigación penal se remontan a mediados de 2024, cuando un grupo de padres de la institución educativa Palermo Chico formalizó las primeras presentaciones tras recopilar los testimonios de los menores sobre conductas inapropiadas desarrolladas en el marco de reuniones sociales organizadas por el empresario, quien formaba parte de la firma adjudicataria de un centro comercial en Recoleta. Las declaraciones obtenidas mediante dispositivos de resguardo psicológico, sumadas al análisis pericial de soportes tecnológicos donde se hallaron registros fotográficos clandestinos de los adolescentes, sustentaron la acusación respecto a maniobras de captación económica y suministro de bebidas alcohólicas encaminadas a vulnerar la integridad de los menores. Con las nuevas directivas de la Cámara, el proceso avanza hacia las etapas de definición de la acusación bajo un estricto control de movimientos del principal encausado.
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