La UFECI admitió que no puede rastrear los fondos de la criptomoneda vinculada a Hayden Davis por carecer de licencias tecnológicas premium. El fiscal Eduardo Taiano derivó las pericias a la Policía Federal tras vencerse el software de prueba gratuito.
La investigación penal sobre la fallida criptomoneda $LIBRA sufrió un fuerte revés técnico en los tribunales federales de Comodoro Py. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito (UFECI) notificó formalmente que carece de las licencias de software necesarias para continuar con el seguimiento patrimonial de los activos bajo sospecha.
Millonaria ruta bajo la lupa: Se auditan transferencias sospechosas por 4.780.100 dólares.
Maniobra express: Se detectaron compras masivas 22 segundos antes de un tuit presidencial.
Costo informático: Las herramientas corporativas de rastreo cuestan entre 50.000 y 400.000 dólares.
El requerimiento original había sido formulado por el fiscal federal Eduardo Taiano para mapear los flujos financieros concretados a principios de 2025. El principal apuntado en el expediente judicial es el empresario norteamericano Hayden Mark Davis, creador de este polémico activo digital.
La reconstrucción del expediente determinó que el 30 de enero de 2025 se ejecutaron movimientos relámpago desde las billeteras virtuales de los imputados. A las 14 horas de ese día, mientras Davis ingresaba a la Casa Rosada, se desviaron 499.000 dólares hacia un destino desconocido.
La parálisis estatal se desató tras vencerse la versión de prueba gratuita del programa informático Chainalysis que utilizaban los peritos del Ministerio Público. Debido al severo ajuste presupuestario que afecta al sector público, la procuración no pudo renovar las licencias comerciales obligatorias.
Antes de quedarse sin el soporte informático, la UFECI detectó maniobras financieras altamente complejas en los servidores de la blockchain. Los especialistas comprobaron la existencia de compras masivas por 13 millones de dólares ejecutadas de manera coordinada por 74 billeteras virtuales falsas.
Esas transacciones concentradas ocurrieron momentos antes del tuit promocional emitido por el presidente Javier Milei. El masivo ingreso posterior de pequeños ahorristas disparó el precio de cotización del activo, permitiendo el vaciamiento de fondos y el colapso definitivo del ecosistema.
A pesar de la justificación oficial de la UFECI, expertos en seguridad informática relativizaron la imposibilidad de seguir adelante con las pericias de trazabilidad. Diversos analistas demostraron que es totalmente viable realizar el rastreo forense utilizando plataformas públicas.
De hecho, especialistas locales utilizaron la herramienta de acceso público Arkham Intel para trazar un mapa detallado del entramado virtual de Davis. Los consultores externos insisten en que el trabajo manual y de hormiga puede suplir perfectamente las carencias del software corporativo pago.
Frente a las limitaciones de la fiscalía ciberdelictiva, el juez de la causa decidió reorientar las órdenes técnicas de manera urgente. El peritaje informático quedó ahora en manos del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, fuerza que posee herramientas vigentes.
Hasta el momento, las auditorías previas lograron quiebres parciales en el anonimato de los bloques de transacciones bajo investigación. La Justicia identificó como beneficiarios de los giros al jubilado Orlando Mellino y a los particulares Mauricio Novelli junto a Manuel Terrones Godoy.
En paralelo, la Procuración General de la Ciudad resolvió suspender intempestivamente la licitación pública abierta para contratar rastreadores digitales. La marcha atrás, ordenada bajo la gestión de Juan Bautista Mahiques, coincidió con auditorías sobre activos digitales vinculados a otros funcionarios nacionales.
El abogado querellante de la causa, Nicolás Oszust, presiona para acelerar la identificación de los titulares de las cuentas virtuales restantes. La causa por la criptomoneda $LIBRA ingresa en una etapa de definiciones donde la capacidad tecnológica del Estado determinará el futuro de los imputados.
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