Tras un operativo por robo de materiales tecnológicos, la Justicia Federal de San Isidro arrestó al exfuncionario Facundo Leal con divisas y estupefacientes. Los investigadores analizan el pago de retornos en la adjudicación de depósitos de la empresa ARSAT.
La Justicia Federal avanza sobre el expediente de la operadora estatal de telecomunicaciones ARSAT tras la detención de su expresidente, el abogado Facundo Leal. De hecho, los procedimientos dictados por el Juzgado Federal de San Isidro derivaron en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y diversos cargamentos de drogas sintéticas en las propiedades del exdirectivo, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza.
A raíz de esto, los investigadores buscan determinar el alcance de una estructura de funcionarios que operó en el sector de infraestructura y transporte durante los últimos años.
Dicho expediente penal se inició en enero de 2024 debido al robo de quince contenedores con materiales de la Red Federal de Fibra Óptica en un predio de San Fernando, el cual pertenecía a la firma Argentina Logistic Services (ALS).
Precisamente, las fallas de seguridad del complejo motivaron al fiscal Fernando Domínguez a ordenar el secuestro de los dispositivos móviles de los responsables del área de compras de la empresa pública.
Posteriormente, el peritaje técnico de las comunicaciones telefónicas reveló indicios de presuntos pagos de retornos y la manipulación de los concursos de precios. En ese sentido, el exgerente comercial de ARSAT, Juan Andrés Navarro, había firmado en junio de 2021 un memorándum interno que aconsejaba la adjudicación directa del servicio de almacenamiento a la firma ALS.
Meses después, tres firmas competidoras presentaron presupuestos en un lapso de pocos minutos, maniobra que permitió a la investigación judicial detectar que los directivos de las tres empresas oferentes compartían vínculos comerciales y familiares directos.
Por otra parte, el entramado administrativo involucra a exfuncionarios que accedieron a puestos jerárquicos en áreas reguladoras de transporte y ferrocarriles durante los períodos 2025 y 2026.
Tal es el caso del exsubgerente de Compras, Gerardo Boschin, quien firmó órdenes de contratación con la firma ALS por un monto superior a 1.9 millones de dólares antes de asumir la conducción de Trenes Argentinos Operaciones.
Finalmente, los implicados directos en la causa presentaron su renuncia a la administración pública en enero pasado tras la reestructuración del Ministerio de Economía.
Actualmente, el juzgado a cargo de Lino Mirabelli analiza la documentación contable secuestrada en las sedes operativas de cuatro provincias para determinar si la simulación de ofertas se extendió a otros proveedores del sector tecnológico.
Paralelamente, la evolución de las declaraciones patrimoniales de los involucrados —que registraron incrementos superiores al 1000% en sus declaraciones juradas anuales— forma parte del análisis financiero global del caso.
En consecuencia, las indagatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal abrirán el debate sobre el control de las contrataciones directas en las sociedades del Estado. Resta ver si los organismos regulatorios establecerán nuevas auditorías sobre los proveedores de infraestructura crítica, o si las estructuras de mandos medios continuarán operando con autonomía de las directivas políticas de turno.
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