A través del Decreto 407/2026, el Poder Ejecutivo reguló aspectos esenciales sobre recibos de sueldo, control de licencias médicas y convenios colectivos. La medida elimina los libros laborales físicos y digitaliza las altas y bajas mediante la agencia ARCA.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes el Decreto 407/2026 en el Boletín Oficial, regulando modificaciones de la Ley de Modernización Laboral. Las reformas impactan de forma directa en la gestión administrativa de las empresas y empleados.
Los tres ejes de la reforma digital y regulatoria:
Eliminación definitiva de los libros laborales en soporte físico o digital.
Obligatoriedad de recibos de sueldo con desglose del costo laboral total.
Control estricto de licencias médicas mediante plataformas digitales.
La nueva normativa gubernamental coloca un fuerte foco en la desburocratización de los procesos de contratación. A partir de esta publicación, los esquemas digitales centralizarán los avisos entre organismos estatales, empleadores y trabajadores activos.
Una de las medidas más determinantes establece que la obligación de registrar empleados se cumplirá ante ARCA. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero absorberá las funciones, reemplazando definitivamente los históricos libros laborales físicos.
El control de las ausencias por enfermedad (artículo 210 de la LCT) experimentará un vuelco informático e institucional completo. Desde ahora, las prescripciones médicas de reposo deberán emitirse electrónicamente dentro de los registros estatales.
Los certificados médicos tendrán que cargarse en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. La firma digital del profesional de la salud estará validada por la Red Federal de Registros de Profesionales.
Si surge una discrepancia sobre el diagnóstico, las partes resolverán mediante una junta médica oficial o institutos públicos reconocidos. En paralelo, los recibos de haberes se modificarán para dar mayor transparencia al salario percibido.
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El empleador tendrá la obligación de detallar el costo laboral total de la posición en el recibo. Con respecto a las desvinculaciones por mutuo acuerdo, la autoridad administrativa verificará minuciosamente la legalidad del acto.
El objetivo oficial es garantizar la total inexistencia de vicios y asegurar la justa composición de intereses. Por su parte, las Empresas de Servicios Eventuales recibirán un marco flexible y adecuado a la coyuntura.
Las exigencias de garantías financieras ahora se adecuarán de forma proporcional a la dimensión de la compañía, eliminando rigideces estructurales. Esto busca fomentar el desarrollo de las pymes operantes en el sector argentino.
Incluso en materia de negociación colectiva, se considerarán vencidos los convenios cuyos plazos originales de vigencia hayan expirado. Las cámaras empresarias deberán acreditar una representación no inferior al 10% de los trabajadores.
La reforma introduce también límites severos sobre el esquema electoral de las asociaciones gremiales. Los cuerpos directivos deberán guardar una proporcionalidad razonable con los afiliados cotizantes registrados en las bases públicas del SIPA.
Para dirimir disputas por superposición de personería gremial, la entidad pretendente deberá superar por el 5% de afiliados a la preexistente. Finalmente, se otorgó un plazo de 30 días a la Secretaría de Trabajo para convocar paritarias postergadas.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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