Sindicatos portugueses iniciaron una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno conservador, que flexibiliza despidos y horarios. La protesta paralizó el transporte, canceló vuelos y afectó a escuelas y hospitales, culminando con una marcha hacia el Parlamento.
Las terminales de traslado, los establecimientos médicos y las instituciones educativas de Portugal experimentan serias dificultades operativas debido al inicio de una medida de fuerza masiva coordinada por las principales centrales obreras. La protesta, programada para coincidir con el tratamiento legislativo del nuevo marco de contrataciones que promueve la administración conservadora del primer ministro Luís Montenegro, comenzó a registrar adhesiones tempranas antes de la llegada de la jornada central. Los colectivos de trabajadores rechazan el paquete de enmiendas estatales bajo el argumento de que flexibiliza las jornadas horarias, incrementa la temporalidad de los puestos, simplifica las causales de desvinculación y reduce las licencias destinadas al cuidado familiar, constituyendo el segundo cese de actividades general en un período menor a siete meses.
Las principales complicaciones logísticas se concentran en el área de movilidad metropolitana y de larga distancia, donde la red de subterráneos de la capital lusa suspendió por completo sus recorridos hasta el día posterior debido a la falta de guardias excepcionales. En el sector ferroviario nacional, las autoridades operadoras cancelaron numerosas formaciones y readecuaron los cronogramas para garantizar únicamente las prestaciones esenciales exigidas por la normativa. Asimismo, el espacio aéreo refleja las consecuencias del paro de actividades con cancelaciones de despegues en los aeródromos principales, forzando a la aerolínea de bandera controlada por el Estado a reprogramar su grilla de vuelos para ajustarse a los requerimientos mínimos de conectividad dictaminados para la huelga.
La convocatoria —impulsada de forma unilateral por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses ante la abstención de otras organizaciones tradicionales del sector— contempla la realización de una gran movilización civil durante la franja vespertina que unirá los puntos neurálgicos de Lisboa con el palacio que alberga a la asamblea de legisladores. Mientras los piquetes de información gremial y las asambleas fabriles ralentizan la actividad en las plantas industriales de trabajo continuo, la jefatura de Gobierno relativizó el alcance de las medidas de protesta, asegurando que el grueso de la población civil cumplirá con sus obligaciones ordinarias y reclamando a las agrupaciones sindicales que se garantice la libertad de circulación de quienes decidan no adherirse a los reclamos.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
El arquero argentino sufrió una fractura menor en un dedo sobre el final de la temporada.
