Senadores estadounidenses autorizaron esta madrugada una partida presupuestaria especial para el control fronterizo, tras bloquear los intentos demócratas de anular de forma permanente el polémico fondo de compensaciones legales de la Casa Blanca.
Senadores estadounidenses autorizaron esta madrugada una partida presupuestaria especial para el control fronterizo, tras bloquear los intentos demócratas de anular de forma permanente el polémico fondo de compensaciones legales de la Casa Blanca.
El Senado de Estados Unidos aprobó la madrugada de este viernes un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que otorgará 70 mil millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional.
La partida económica respaldará las políticas de control migratorio de la administración de Donald Trump durante los próximos tres años. El documento legislativo fue enviado a la Cámara de Representantes para su evaluación final, luego de recibir 52 votos a favor y 47 en contra, en una votación marcada por la ausencia del senador demócrata Michael Bennet.
La jornada parlamentaria se extendió durante horas debido a la estrategia de la minoría demócrata, que utilizó el reglamento de enmiendas ilimitadas para forzar debates sobre temas ajenos a la frontera.
El principal punto de fricción se centró en un fondo de 1.800 millones de dólares derivado de un acuerdo legal entre el mandatario y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La oposición calificó este fondo como una herramienta discrecional para aliados políticos, mientras que el sector oficialista defendió la necesidad de mantener el texto presupuestario original para evitar demoras en la reactivación de la administración pública, afectada por un cierre parcial del gobierno desde febrero.
Divergencias internas en el bloque republicano amenazaron el avance de la ley migratoria antes de la votación definitiva. Los legisladores que afrontan procesos de reelección en noviembre expresaron preocupación por el impacto electoral del fondo legal de la Casa Blanca.
El senador de Luisiana, Bill Cassidy, impulsó una modificación para reorientar esos recursos hacia las fuerzas del orden que resultaron heridas durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Dicha propuesta fracasó al no alcanzar el umbral requerido de 60 votos, pese a contar con el apoyo de la bancada demócrata y de cinco senadores republicanos.
Paralelamente, el liderazgo parlamentario justificó el rechazo a las modificaciones normativas basándose en las garantías ofrecidas por el Departamento de Justicia. El líder de la mayoría del Senado John Thune recordó que el fiscal general interino Todd Blanche aseguró ante el Congreso que la institución no ejecutaría los pagos de dicho fondo.
No obstante, la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski votó en contra del proyecto general tras señalar que el mecanismo de reconciliación presupuestaria eludió el debate bicameral ordinario y dejó sin resolver de forma definitiva la vigencia de la partida legal.
El texto aprobado tampoco contempla la devolución de presupuesto a la Oficina del Defensor del Pueblo para los Detenidos por Inmigración, cuya actividad disminuyó por el cese de financiamiento gubernamental.
Una propuesta del senador demócrata Cory Booker para reactivar dicho organismo de control fue desestimada por la mayoría de la cámara. La discusión parlamentaria se trasladará la próxima semana a la Cámara de Representantes, donde se espera un debate expedito sobre la asignación económica para seguridad fronteriza.
El canciller Mauro Vieira advirtió que los exabruptos del presidente argentino afectaron a las instituciones democráticas y a todo el pueblo brasileño. Con el embajador llamado a consultas en Brasilia, las próximas 48 horas serán clave para el futuro de la relación entre los dos principales socios del Mercosur.
Laureano Ortega Murillo se afianza como el principal operador geopolítico de Nicaragua ante China y Rusia, perfilándose como heredero dinástico. Sin embargo, su eventual llegada al poder enfrenta incertidumbre ante la suspensión de elecciones anunciada por el régimen.
Mauro Vieira se reunirá con Guillermo Daniel Raimondo tras los dichos del mandatario argentino en San Pablo.
La ANMAT prohibió la comercialización de los productos de limpieza “Clorquim” y “Clean Lab” por carecer de registros sanitarios. Además, el organismo suspendió el uso del componente farmacéutico acetanilida debido a los riesgos hematológicos detectados en su consumo.
Las ventas minoristas cayeron en junio pese a picos puntuales en televisores por el Mundial y al repunte del comercio electrónico. El Gobierno sigue con atención la debilidad del consumo, que aún no refleja la baja de la inflación.
Tras la mejora de la nota soberana argentina, Moody’s elevó la calificación crediticia a B1 de TGS, Aeropuertos Argentina, EDEMSA, Genneia e YPF Luz. La agencia destacó la solidez operativa de las firmas y su bajo nivel de endeudamiento.
Un informe de la Universidad de Buenos Aires reveló que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en vulnerabilidad social. El estudio alerta sobre la deserción escolar, la informalidad laboral y el avance del aislamiento social y desánimo.
El diplomático de carrera Daniel Raimondi fue citado por la Cancillería brasileña tras las descalificaciones de Javier Milei contra Lula da Silva. Con amplia trayectoria en integración regional, el embajador en Brasilia afronta la tarea de contener la tensión bilateral.
