Proyecciones oficiales y reparos gremiales
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete, defendieron la iniciativa en sus canales oficiales. Los funcionarios señalaron que el sistema busca revertir un retraso tecnológico de treinta años provocado por la falta de acuerdos previos en la cadena.
Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, la mayor protección a la propiedad intelectual generará un incentivo para la inversión y un potencial aumento de las exportaciones agrícolas por un valor superior a los US$ 4.000 millones anuales. Sin embargo, las autoridades aclararon que la normativa regirá únicamente para los cultivares que se inscriban a partir de la publicación de la norma.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldó el nuevo esquema y destacó la complementariedad de la norma con herramientas de control privado ya vigentes en el mercado.
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la entidad, explicó que el INASE posee limitaciones de recursos económicos y humanos, por lo que consideró lógica la transferencia operativa a los eslabones comerciales.
Por el contrario, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó la metodología implementada. Pablo Ginestet, secretario de la organización, calificó al sistema de ineficiente y conflictivo.
El dirigente rural argumentó que el poder de policía debe permanecer bajo la órbita exclusiva del Estado y criticó la imposición de cargas obligatorias a sectores ajenos al mercado de semillas, como los acopiadores y los exportadores.
Paralelamente, desde Coninagro advirtieron sobre la necesidad de evitar costos ocultos y asegurar la delimitación de responsabilidades para mantener la competitividad general.
El futuro del mercado granario
La implementación del protocolo abre un escenario de reconfiguración para las próximas campañas agrícolas de los cultivos de invierno y verano.
Resta determinar cómo absorberán las estructuras comerciales los nuevos requerimientos logísticos y regulatorios. ¿Logrará el arbitraje privado solucionar los históricos conflictos por los derechos de obtentor o aumentará el nivel de litigiosidad en las plantas de acopio?