Convocado como testigo en el juicio de la causa Cuadernos, Leonardo Fariña detalló cómo la constructora de Lázaro Báez operaba al margen del circuito tradicional de licitaciones por una supuesta instrucción directa del expresidente Néstor Kirchner.
Convocado como testigo en el juicio de la causa Cuadernos, Leonardo Fariña detalló cómo la constructora de Lázaro Báez operaba al margen del circuito tradicional de licitaciones por una supuesta instrucción directa del expresidente Néstor Kirchner.
El exasesor financiero, Leonardo Fariña, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio de la causa Cuadernos, donde se investiga un presunto entramado de recaudación ilegal de fondos a través de la obra pública vial.
Durante su exposición, el testigo describió la estructura operativa de Austral Construcciones, firma de Lázaro Báez, y aseguró que el expresidente Néstor Kirchner facilitó el desarrollo del holding mediante un esquema de pagos diferenciado que funcionaba al margen de las cámaras empresariales tradicionales.
Fariña, quien mantiene una condena previa de tres años y seis meses de prisión por lavado de activos, compareció de forma presencial tras haber solicitado autorización al programa de protección de testigos.
Ante las preguntas de la Unidad de Información Financiera (UIF), el declarante explicó que el dueño de la constructora patagónica mantenía un vínculo comercial y de confianza con el exmandatario, lo cual agilizó la obtención de contratos estatales pero limitó geográficamente su margen de acción.
Según la reconstrucción ofrecida por el testigo, el reparto de los proyectos viales a nivel nacional se coordinaba en el seno de la Cámara Argentina de la Construcción, un espacio informalmente conocido en el expediente como “La Camarita”.
En ese ámbito, un grupo de aproximadamente cuarenta compañías distribuía las licitaciones públicas de mutuo acuerdo. Sin embargo, el holding de la provincia de Santa Cruz permanecía al margen de este sistema de asignación predeterminado.
Esta marginación no respondía a una falta de capacidad técnica, sino a una instrucción política directa. El exfinancista argumentó que, por decisión del expresidente de la Nación, la zona de influencia comercial del empresario se restringió estrictamente a tres provincias: Santa Cruz, Chubut y Chaco. A cambio de esta limitación geográfica, la firma gozaba de una prioridad absoluta en la liquidación de haberes viales.
La auditoría interna realizada por Fariña durante su vinculación laboral en 2010 reveló inconsistencias estructurales en los estados contables de la organización. El testigo precisó que los balances reflejaban ratios financieros negativos que impedían el acceso a créditos en el sistema bancario privado, haciendo que la firma dependiera enteramente de las arcas estatales.
La operatoria habitual consistía en la supresión de flujos comerciales legítimos debido al desvío de capitales hacia circuitos informales. Para compensar la descapitalización, la Secretaría de Obra Pública, dirigida en aquel momento por José López, otorgaba anticipos financieros destinados a nuevos proyectos que finalmente se utilizaban para saldar deudas operativas previas.
El exasesor concluyó que, en múltiples ocasiones, el Ministerio de Planificación Federal aprobaba el cobro de certificaciones por tramos viales no ejecutados.
El testimonio reactiva la discusión sobre los mecanismos de fiscalización del Estado y la verdadera salud financiera de las corporaciones que crecieron bajo el amparo de la obra pública.
La viabilidad de estas declaraciones dependerá ahora de la correspondencia que los magistrados encuentren entre los dichos del financista y los registros contables incautados. ¿Hasta qué punto los tribunales podrán disociar las irregularidades administrativas de una planificación delictiva coordinada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo?
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