Cuatro miembros del servicio de inteligencia militar recibieron penas de hasta tres años de prisión tras agredir premeditadamente al activista humanitario Andrie Yunus en Yakarta, provocándole daños corporales permanentes.
Cuatro miembros del servicio de inteligencia militar recibieron penas de hasta tres años de prisión tras agredir premeditadamente al activista humanitario Andrie Yunus en Yakarta, provocándole daños corporales permanentes.
El Tribunal Militar II-08 de Yakarta condenó a cuatro integrantes de la Agencia de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (Bais TNI) por su responsabilidad en el ataque planificado contra Andrie Yunus, subcoordinador de la organización de derechos humanos KontraS. El veredicto dictado el miércoles 10 de junio de 2026 impuso penas de prisión diferenciadas y ordenó la destitución inmediata de dos de los involucrados.
Sentencias emitidas por el tribunal militar fijaron tres años de cárcel para el sargento de segunda clase Edi Sudarko, señalado como el ejecutor material del asalto. El teniente primero Budhi Hariyanto Widhi recibió una pena de dos años y seis meses de prisión.
Ambos oficiales resultaron expulsados de la institución castrense de forma definitiva. Por su parte, el capitán Nandala Dwi Prasetyo obtuvo una condena de dos años, mientras que el teniente primero Sami Lakka fue sentenciado a un año y seis meses de reclusión. Los cuatro agentes pertenecían a la rama de inteligencia y fueron hallados culpables del delito de agresión grave premeditada.
Los hechos que motivaron el proceso penal ocurrieron en marzo de 2026, derivados de un incidente previo en marzo de 2025. Según el expediente judicial, los sentenciados planificaron la agresión debido al descontento que les causó la irrupción de Yunus en una reunión parlamentaria privada donde se discutían reformas a la ley militar.
Los uniformados interceptaron al activista en el Puente Talang Juang, en el centro de Yakarta, donde procedieron a arrojarle una mezcla de líquido de batería usado y disolvente de óxido desde una motocicleta en movimiento.
La agresión causó quemaduras en el 24% del cuerpo de la víctima. Pese a ser intervenido en seis cirugías distintas, Yunus sufrió la pérdida permanente de la visión en su ojo derecho, el cual actualmente solo mantiene sensibilidad ante los estímulos de la luz.
El dictamen judicial, leído por el coronel y juez presidente Fredy Ferdian, fundamentó las condenas en la transgresión de los códigos de conducta institucionales y en el impacto negativo que causó la difusión del caso en el entorno social indonesio.
Además, el tribunal ponderó como atenuantes la ausencia de antecedentes penales de los implicados, sus misiones de paz internacionales previas y las disculpas públicas presentadas a las autoridades del Ministerio de Defensa y a la víctima.
Asimismo, la resolución determinó que los imputados actuaron de manera espontánea por iniciativa propia, descartando la existencia de órdenes directas superiores en la cadena de mando.
Representantes de Amnistía Internacional Indonesia y miembros del colectivo KontraS manifestaron que las condenas resultan insuficientes en relación con los daños infligidos y criticaron que el proceso se limitara a la justicia militar, argumentando la necesidad de trasladar las investigaciones contra activistas hacia el fuero civil para descartar la intervención de otros actores institucionales.
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