Miguel Ángel Pichetto solicitó que el Poder Legislativo intervenga para anular la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El reclamo del legislador coincidió con las protestas de Unión por la Patria en el Congreso.
Miguel Ángel Pichetto solicitó que el Poder Legislativo intervenga para anular la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El reclamo del legislador coincidió con las protestas de Unión por la Patria en el Congreso.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto solicitó formalmente que el Congreso de la Nación intervenga para declarar la nulidad de la condena penal contra la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Quien se desempeña como jefe del bloque Encuentro Federal expuso la iniciativa en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Baja, para luego ratificarla mediante una publicación en la red social X. Según argumentó el dirigente, la sentencia judicial coloca a las instituciones democráticas en una situación de vulnerabilidad extrema.
La propuesta legislativa coincidió con el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y determinó la detención domiciliaria de la exmandataria.
En el marco de este aniversario, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria brindaron una conferencia de prensa y presentaron un documento ante el Consejo de la Magistratura para denunciar las condiciones del arresto en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Pichetto fundamentó su iniciativa en supuestas irregularidades procesales cometidas durante la investigación penal y el juicio oral. Según detalló el legislador de raíz peronista, el proceso sufrió la alteración de sus normas originales debido a la incorporación de un magistrado de otra jurisdicción, el traslado de un fiscal penal asignado originalmente a la ciudad de Rosario y la limitación de los recursos de apelación para la defensa.
Asimismo, el diputado cuestionó la imparcialidad de los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El legislador afirmó que los jueces del máximo tribunal debieron excusarse de intervenir en el caso, debido al proceso de juicio político que el partido de la acusada promovió en su contra durante el gobierno anterior.
El jefe de la bancada de Encuentro Federal sostuvo que las conductas de los jefes de Estado no deben juzgarse por la vía de la justicia ordinaria, sino mediante un procedimiento especial. Según su planteo, un mandatario nacional requiere una investigación directa de la Corte Suprema y la acusación formal del procurador general de la Nación.
La propuesta del exsenador busca validar la intervención del Poder Legislativo sobre resoluciones firmes del Poder Judicial. El legislador reconoció que su planteo generará controversias jurídicas al involucrar la delimitación de las funciones estatales, pero defendió las atribuciones de las cámaras legislativas para revisar sentencias en situaciones excepcionales de crisis institucional.
Esta postura marcó un nuevo acercamiento político entre Pichetto y Fernández de Kirchner, quienes restablecieron el diálogo en diciembre pasado y mantuvieron un encuentro personal de 90 minutos en febrero.
El dirigente integró el oficialismo durante las presidencias de la actual titular del Partido Justicialista, se distanció al finalizar ese mandato, compitió como candidato a vicepresidente de la Nación por la fuerza Juntos por el Cambio en 2019 y mantuvo posiciones oscilantes frente a la actual administración nacional.
Paralelamente, el informe presentado por las bancadas de la oposición detalló el régimen de visitas que cumple la exvicepresidenta de la Nación. Las disposiciones vigentes le permiten recibir visitas dos días por semana, con un máximo de dos horas por jornada y un límite de hasta tres personas diarias.
El documento del bloque justicialista contrastó estas condiciones con el universo general de los detenidos federales en el país. El relevamiento estadístico indicó que de las más de 2.500 personas bajo el sistema de prisión domiciliaria en la República Argentina, solo el 23,96% posee tobillera electrónica de control y apenas el 1,76% registra restricciones específicas para la recepción de personas en sus hogares.
La viabilidad del proyecto de nulidad dependerá ahora del consenso que el bloque de Encuentro Federal pueda alcanzar con el resto de las fuerzas políticas en las comisiones parlamentarias. La discusión técnica sobre los límites constitucionales de cada poder del Estado reabrirá un escenario de debate legal en el Congreso Nacional.
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