Cinco internas de la Unidad 51 sufrieron torturas y abusos sexuales durante un operativo de seguridad. El fiscal Álvaro Garganta investiga los hechos, mientras las autoridades provinciales removieron a las autoridades del penal.
Cinco internas de la Unidad 51 sufrieron torturas y abusos sexuales durante un operativo de seguridad. El fiscal Álvaro Garganta investiga los hechos, mientras las autoridades provinciales removieron a las autoridades del penal.
El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, instruye una causa penal por presuntas torturas y abusos sexuales contra cinco internas alojadas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena.
Los hechos investigados se desencadenaron el pasado 3 de junio luego de una pelea en un pabellón de la planta alta, situación que derivó en un operativo a cargo de la jefa del penal, Daiana Balmaceda, junto a personal del Grupo de Intervención ante Emergencias.
Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el personal penitenciario obligó a las detenidas a desnudarse frente a efectivos masculinos. Ante la resistencia de las internas, varias de ellas sufrieron traslados violentos a distintos sectores del establecimiento, donde continuaron las agresiones.
Los testimonios recogidos por el organismo de derechos humanos detallaron la aplicación de castigos corporales, asfixia mediante el uso de gas pimienta y la privación de agua y alimentos.
Una de las víctimas afirmó que fue sometida a la práctica de inmersión en agua, conocida como submarino húmedo, mientras se le exigía besar el calzado de la directora del penal.
La presentación judicial indicó que la misma interna padeció abusos sexuales por parte de los agentes masculinos, quienes utilizaron armamento reglamentario para agredirla físicamente.
El relato coincide con las declaraciones de una segunda detenida, quien manifestó haber sido golpeada y abusada en un sector de aulas, para luego quedar inmovilizada sobre un colchón impregnado de sustancias químicas de dispersión.
El expediente judicial expone divergencias en las actas de salud de la unidad de detención. Una revisión médica interna del 3 de junio dejó constancia de que las víctimas no presentaban lesiones corporales.
No obstante, los exámenes posteriores realizados por los profesionales de la CPM contradijeron ese informe inicial al constatar marcas visibles compatibles con golpes y sujeciones violentas.
La conflictividad dentro de la cárcel se extendió dos días después del incidente original. Las personas alojadas en el establecimiento iniciaron una protesta en reclamo de condiciones de seguridad, acción que culminó con una nueva intervención de los guardiacárceles que dejó un saldo de más de 20 internas heridas y afectadas por la represión.
El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, dispuso la disponibilidad preventiva de los agentes implicados y ordenó el relevo de las autoridades de la Unidad 51. Paralelamente, el juez de Ejecución José Villafañe se constituyó en el penal para entrevistar a las denunciantes y verificar su resguardo.
Por su parte, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó el pedido de la CPM para ser aceptada como particular damnificado institucional por considerar la solicitud prematura.
La resolución fiscal avanza con la toma de declaraciones bajo protocolos internacionales para la investigación de vejámenes, sin la custodia de las fuerzas policiales señaladas.
El esclarecimiento de los hechos depende de la recolección de pruebas en un ámbito marcado por el temor a las represalias internas. Las autoridades judiciales intentan determinar la cadena de mandos interviniente en un escenario donde las fronteras entre los protocolos de seguridad y la violación de los derechos humanos fundamentales vuelven a estar bajo discusión pública.
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