Suecia revocará los permisos de residencia a inmigrantes por deudas, fraude fiscal o vínculos extremistas. El Parlamento aprobó una reforma retroactiva que aplicará desde julio de 2026, desatando protestas de la oposición y de organismos de derechos humanos.
El Parlamento sueco aprobó una reforma integral a la legislación de extranjería que faculta a las autoridades a denegar o retirar los permisos de residencia a los ciudadanos extranjeros que muestren deficiencias en su conducta o modo de vida.
La nueva normativa, impulsada por el Gobierno de centroderecha con el apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia, entrará en vigor el 13 de julio de 2026 y afectará tanto a los trámites en curso como a las autorizaciones ya concedidas de forma retroactiva.
La legislación introdujo parámetros vinculados a la moralidad y al sustento económico para evaluar la permanencia de los inmigrantes. De este modo, la Agencia de Migración sueca podrá cancelar los derechos de residencia en situaciones que no requieran una condena judicial previa, tales como la acumulación de deudas importantes, el trabajo no declarado, la evasión fiscal o el mantenimiento de vínculos con organizaciones extremistas y redes criminales.
El ministro de Migración Johan Forssell manifestó, durante la presentación de la propuesta inicial en marzo, que las personas que no se esfuercen por cumplir las normas estatales no deberían conservar el derecho a permanecer en el territorio.
Asimismo, el Ejecutivo justificó la medida como una respuesta necesaria ante el incremento de la criminalidad organizada y las dificultades de integración derivadas de los modelos migratorios anteriores.
Paralelamente, la reforma estableció mecanismos de coordinación entre diferentes sectores de la administración pública. El Servicio Público de Empleo, la Agencia de Seguridad Social, la Agencia de Impuestos y el Servicio Penitenciario, entre otros organismos públicos, tendrán la obligación de notificar directamente a la Policía sueca si detectan indicios de que un extranjero reside de forma irregular en el país.
Para facilitar la identificación de los ciudadanos, las fuerzas de seguridad recibieron autorización para custodiar y registrar teléfonos móviles, además de ampliar el uso de fotografías y huellas dactilares. Por otra parte, las modificaciones relativas a los delitos penales, que iniciarán su vigencia el uno de septiembre, elevarán las exigencias para evitar la deportación por arraigo, por lo cual se estima que las expulsiones anuales pasarán de unas 500 a 3.000.
Organizaciones civiles y sindicatos profesionales, entre los que constan la Asociación Médica Sueca y el grupo Civil Rights Defenders, expresaron su rechazo ante la medida mediante manifestaciones públicas. Los sectores de oposición argumentaron que la indeterminación de los criterios sobre el estilo de vida genera incertidumbre y vulnera principios jurídicos fundamentales.
El director jurídico de Civil Rights Defenders, John Stauffer, declaró que la determinación debilita el estado de derecho al fragmentar la cohesión social y socavar la igualdad ante la ley. Las apelaciones contra las resoluciones administrativas de expulsión deberán ser tramitadas ante los tribunales de migración correspondientes.
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