El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
La conducción del Estado ecuatoriano dispuso una restricción generalizada de garantías constitucionales en casi la mitad de las jurisdicciones del país con el propósito de neutralizar la escalada de atentados vinculados a las mafias del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. La resolución adoptada por el mandatario Daniel Noboa, cuya vigencia se prolongará por dos meses, habilita el patrullaje conjunto de los cuerpos castrenses en los centros urbanos más afectados y suspende transitoriamente las protecciones legales referidas a la privacidad postal y del hogar. Esta determinación institucional responde a un preocupante diagnóstico de los servicios de inteligencia, que detectaron una mutación en las tácticas delictivas de las organizaciones armadas, incluyendo la infiltración de células beligerantes procedentes de la frontera colombiana en el área amazónica y focos de criminalidad extrema en las zonas costeras y andinas.
El endurecimiento de la política de seguridad interior se produce a escasas semanas de haber concluido un período previo de confinamiento nocturno en las principales metrópolis, una estrategia a la que el actual gobierno recurre de manera recurrente desde su asunción a fines del año 2023 para mitigar los flagelos de la extorsión y los secuestros. Los reportes oficiales que fundamentan el decreto contabilizan casi novecientas muertes violentas en apenas seis semanas, lo que evidencia la volatilidad del orden público en demarcaciones estratégicas como Guayas, Manabí, Azuay y la periferia de la capital. Mientras las autoridades civiles defienden la necesidad de la intervención armada para recuperar el control territorial, diversas plataformas de activismo humanitario manifestaron su preocupación ante los riesgos de abusos y vulneraciones por parte del personal militar en las calles de los municipios intervenidos.
Los primeros cómputos de las elecciones intermedias mostraron avances demócratas en Georgia, Carolina del Norte y Nuevo Hampshire. El control de la Cámara y del Senado seguía indeciso, con resultados preliminares que podrían demorar días.
Tras la denuncia de su familia, efectivos policiales hallaron muerta a la docente María Itatí Yossen en la casa de su expareja en Santa Fe. Las autoridades investigan un presunto femicidio seguido de suicidio.
En Abu Dabi, delegados de Rusia y Ucrania negociarán el fin de la guerra el 10 y 11 de noviembre. El encuentro contará con mediación estadounidense para acordar garantías de seguridad y frenar los ataques energéticos antes del invierno.
La Inspección General de Justicia anuló la asamblea de APTRA tras un reclamo de Marcelo Polino, designó veedores para revisar los balances adeudados desde 2018 y advirtió que podría intervenir la entidad comandada por Luis Ventura si no regulariza su situación.
Tras confirmar la grilla diaria para el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza Argentina habilitó la venta de entradas individuales por jornada mediante AllAccess con planes de financiación.
Ante el reclamo de inversores y tributaristas, el Gobierno modificará la iniciativa enviada a Diputados para mantener la exención impositiva a los CEDEARs. Desde el oficialismo aclararon que la propuesta formaba parte de un texto viejo.
Este lunes en Telefe, el jurado de Popstars seleccionó a las ocho participantes que continúan en competencia. Solo cinco de ellas conformarán la alineación definitiva del nuevo grupo Chapeaux.
Metrodelegados liberarán molinetes este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la Línea A, en Flores, para reclamar a la empresa Emova por descuentos salariales que consideran injustificados.
