Ecuador autorizó el ingreso y la protección jurídica de militares extranjeros para combatir la delincuencia

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó la inmunidad para el despliegue de militares extranjeros contra el crimen organizado, tras coordinar con el Pentágono. La medida coexiste con nuevos estados de excepción y fuertes cuestionamientos de organismos por abusos de derechos humanos.

Daniel Noboa, Presidente de Ecuador. Foto NA

La administración gubernamental de Ecuador dio un giro drástico en sus políticas de seguridad nacional al formalizar la habilitación para el desembarco operativo de fuerzas de defensa procedentes del exterior. El mandatario Daniel Noboa ratificó la medida mediante un dictamen ejecutivo, garantizando una cobertura de protección judicial especial a las tropas de naciones aliadas que se integren a las tareas de pacificación en los territorios más afectados por la ola delictiva. Este esquema representa un salto cualitativo respecto a las colaboraciones previas con la Casa Blanca y los bloques comunitarios europeos, que hasta la fecha se circunscribían al suministro de datos de inteligencia estratégica y recursos logísticos sin la participación de personal de infantería en el terreno.

La nueva reglamentación estipula mecanismos de gracia jurídica y mitigación de penalizaciones para los efectivos foráneos, policiales o ciudadanos que intervengan directamente en las maniobras orientadas a sofocar las actividades de las corporaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. En sintonía con estas disposiciones, la jefatura de Estado elevó una solicitud formal al Poder Legislativo a fin de tramitar perdones institucionales generalizados que resguarden las actuaciones de los agentes dedicados al restablecimiento del orden público. Las autoridades fundamentan estas medidas excepcionales en la vigencia del escenario de conflagración civil declarada por el oficialismo para contener la disgregación del control territorial en diversas intendencias del país.

Esta ampliación del bloque de seguridad coincide con la puesta en marcha de un nuevo período de restricciones constitucionales focalizado en un decena de divisiones geográficas, un recurso recurrente de la actual administración para suspender garantías individuales en las zonas de mayor conflictividad. Paralelamente, la internacionalización de las operaciones armadas despierta profunda zozobra entre los colectivos humanitarios independientes y veedores de la sociedad civil, quienes alertan sobre un incremento sustancial en las denuncias de abusos institucionales. Informes de entidades globales como Amnistía Internacional advierten con preocupación la proliferación de expedientes penales abiertos por la Fiscalía General debido a sospechas de desapariciones forzadas acontecidas durante las intervenciones estatales de los últimos años.

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