Chile acelera la reforma para juzgar a menores de edad como adultos

La administración del presidente José Antonio Kast dispuso tramitar bajo la modalidad de máxima urgencia legislativa una profunda reforma al sistema de enjuiciamiento penal de menores de edad. La iniciativa oficialista busca posibilitar que las personas de 16 y 17 años que incurran en infracciones gravísimas a la ley penal queden sujetas a los tribunales y penas del régimen general de adultos, bajo petición del órgano persecutor y con la venia del magistrado a cargo del caso. Este viraje en la política de seguridad pública se produce tras la conmoción social causada por el reciente homicidio de un menor de 12 años en el sector de San Bernardo durante un asalto vehicular, hecho por el cual resultaron capturados varios implicados, incluidos dos jóvenes en el rango de edad que la nueva ley pretende regular con mayor severidad.

El plan de reformas impulsado desde el Palacio de La Moneda modifica un proyecto que ya cuenta con recorrido parlamentario previa presentación por sectores de la centroderecha. El nuevo andamiaje legal se apoya en directrices restrictivas que contemplan un listado específico de 17 conductas delictivas de alta connotación social, entre las cuales figuran el secuestro, el ultraje sexual, los homicidios en diversas tipificaciones y los ataques organizados contra las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, la propuesta gubernamental elimina los beneficios por carencia de antecedentes previos a los jóvenes reincidentes una vez alcanzada la mayoría de edad, duplica de cinco a diez años las sanciones máximas para los transgresores menores de 16 años y prescribe la obligatoriedad del traslado de los internos a centros penitenciarios comunes manejados por Gendarmería de Chile al cumplir los 18 años, siempre bajo la evaluación de los estamentos de reinserción social.

El clamor de los deudos de las víctimas por un endurecimiento penal efectivo, desprovisto de atenuantes jurídicas que reduzcan el tiempo en prisión, ha encontrado eco en las diferentes bancadas del Congreso, las cuales presionan con enfoques complementarios. En este sentido, las autoridades también han dado celeridad a una normativa de carácter transversal dirigida a sancionar con dureza a las bandas organizadas que instrumentalizan y captan a la infancia para la perpetración de actos ilícitos, dictaminando que la anuencia del menor no libera de culpa al adulto captor. En paralelo, fracciones de la derecha tradicional insisten en la pertinencia de profundizar aún más estas medidas mediante la reducción de la edad de imputabilidad legal a los 13 años, en un debate que divide las opiniones en el espectro político sobre la efectividad a largo plazo de las políticas punitivas de cara a la reinserción social.