El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Poder Ejecutivo nacional dispuso la implementación de una herramienta técnica orientada a detectar y desarticular maniobras de explotación humana en los principales nodos de transporte aéreo del país. La normativa se formalizó mediante una resolución ministerial que confiere carácter confidencial a los esquemas operativos internos, con el propósito de blindar las pesquisas en curso y resguardar el éxito de los procedimientos civiles. Esta reforma reemplaza las metodologías vigentes desde hace ocho años, adecuando el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a las dinámicas complejas e internacionales descritas en los últimos informes de las agencias especializadas de las Naciones Unidas.
La nueva doctrina obliga a las autoridades del comando aeroportuario a establecer agentes de enlace especializados en cada una de las dependencias federales para optimizar la capacidad de respuesta inmediata. El marco regulatorio impone pautas fundamentadas en la celeridad procesal, la mitigación continua de factores de peligro y el resguardo estricto de la confidencialidad, prohibiendo conductas que promuevan la revictimización de los afectados. Asimismo, se determinó que la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata coordinará de forma periódica comisiones de evaluación técnica y mesas de trabajo institucionales para actualizar los mecanismos de control, priorizando el principio de interés superior del menor ante contingencias que involucren a infantes o jóvenes migrantes en situación de desamparo.
La reglamentación tipifica las diversas fases del ilícito —que comprenden desde el reclutamiento fraudulento hasta la recepción y acogida forzosa— independientemente de la aquiescencia inicial de los damnificados, la cual carece de validez legal ante el ordenamiento penal vigente. El diagnóstico oficial advierte que los grupos criminales explotan factores de precariedad socioeconómica, el desarraigo cultural y el aislamiento para someter a colectivos desprotegidos, siendo las mujeres e infantes los sectores estadísticamente más expuestos a través de falsas ofertas de empleo o captaciones en plataformas digitales. Para perpetuar el sometimiento, las redes recurren a la retención de documentación filiatoria, la violencia psicológica y el endeudamiento inducido, conductas que la renovada vigilancia aeroportuaria buscará neutralizar en las zonas de tránsito restringido.
Las grandes cadenas de supermercados y las empresas alimenticias analizan reducir los descuentos masivos ante la caída de la rentabilidad. Actualmente, el 85% de las ventas en góndola depende de los beneficios, arrojando saldos negativos en varias categorías de consumo masivo.
Un estudio de Latam Pulse ubica a la corrupción como la mayor preocupación ciudadana, superando al desempleo y la inflación. El informe revela un marcado pesimismo sobre el rumbo de la economía y una desaprobación del 58% hacia la gestión del gobierno.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas por temperaturas bajo cero y vientos intensos. La masa de aire frío afectará Buenos Aires y otras nueve provincias, registrándose heladas generales y neblinas antes de un leve alivio térmico hacia el jueves.
La Casa Rosada reactiva la presión en el Congreso para derogar las elecciones primarias, pero choca contra la resistencia de la oposición dialoguista. Diego Santilli y Patricia Bullrich lideran las negociaciones en un Senado donde el oficialismo sigue lejos de la mayoría.
La justicia federal peritará el celular de Jésica Cirio para constatar el origen de un video con millones de dólares, coordinando inspecciones en San Vicente y Palermo. Paralelamente, la defensa de Martín Insaurralde solicitó anular la filmación alegando un presunto hackeo.
El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar nuevas rutas regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y las ciudades colombianas de Cali y Cartagena. La medida busca potenciar el turismo regional y optimizar la logística comercial bilateral.
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
