Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
Las autoridades del sistema de reclusión de la provincia de Córdoba concretaron la derivación del presunto autor material del crimen y de uno de los sospechados de encubrimiento hacia una unidad carcelaria de alta seguridad en Cruz del Eje. La disposición judicial, emanada tras la resolución del fiscal Raúl Garzón que dispuso la continuidad de la detención provisoria, afectó directamente a Claudio Barrelier y a Osvaldo Fassetta, quienes previamente permanecían en el área de sanidad del establecimiento de Bouwer. Voceros de la cartera de seguridad indicaron que las instalaciones de origen no resultaban idóneas para brindar el nivel de vigilancia y resguardo permanente que demanda el perfil de los encausados, lo que motivó el despliegue de las fuerzas operativas especiales durante las primeras horas del viernes.
La decisión del traslado generó disconformidad en el entorno legal de Fassetta; su representante técnico, Eduardo Medina Allende, impugnó la necesidad de aplicar un régimen de reclusión restrictivo a su asistido, diferenciando su estatus penal del que afronta el principal implicado. La fiscalía de instrucción sostiene que este imputado colaboró activamente en la alteración de las pesquisas iniciales mediante el direccionamiento de las sospechas hacia un menor de edad que no guardaba vinculación con el suceso, manteniendo además contactos telefónicos recurrentes con el supuesto femicida mientras se sustanciaba el rastreo de la víctima. La postura de los defensores, plasmada en sus apelaciones, insiste en que las imputaciones carecen de sustento fáctico directo y se fundan meramente en presunciones de los investigadores.
La causa, caratulada provisoriamente bajo las figuras de ensañamiento, alevosía y violencia de género contra Barrelier, mantiene también bajo arresto a Soledad Andreani por facilitación logística, al determinarse el uso de su vehículo particular para el ocultamiento del cadáver en una zona periférica de la capital. En paralelo, la situación procesal de Marianela Palmero, concubina del presunto autor del homicidio calificado, se mantiene sujeta a evaluación luego de que ejerciera su derecho constitucional de abstenerse de prestar declaración en sede judicial. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal apunta a que las mujeres del entorno, si bien no intervinieron de forma directa en el ataque mortal perpetrado en el barrio Cofico, desplegaron conductas posteriores tendientes a garantizar la impunidad de los autores.
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