Alemania lanzó un plan contra el fraude fiscal que endurece las penas de prisión hasta quince años y suma inspectores apoyados por inteligencia artificial. El proyecto también facilita la incautación preventiva de bienes de origen dudoso para mitigar la deuda.
Las urgencias fiscales de la principal economía de la eurozona han empujado a sus autoridades a rediseñar por completo la estrategia de recaudación y persecución del dinero negro. Frente a proyecciones presupuestarias que anticipan un endeudamiento superior a los doscientos mil millones de euros para los períodos venideros, el gabinete de coalición alemán ha puesto la mira sobre las pérdidas tributarias anuales causadas por maniobras ilícitas, las cuales los especialistas estiman en sumas de hasta doce cifras. El plan de acción integral busca desmantelar la ingeniería contable sofisticada, que abarca desde redes de subempleo informal y desvíos transfronterizos hasta entramados societarios de fachada.
La respuesta estatal se articulará a través de una nueva hoja de ruta de veintiséis directrices presentada de forma conjunta por los ministerios de Justicia y Finanzas. Entre las medidas más destacadas figura la puesta en marcha de un organismo central de investigación bajo la órbita del servicio aduanero, que contará con un contingente inicial de mil quinientos nuevos agentes especializados en delitos complejos, lavado de activos y redes de evasión organizada.
La piedra angular de esta reestructuración radicará en un departamento de procesamiento analítico que utilizará sistemas de inteligencia artificial para auditar operaciones financieras masivas. El software se encargará de rastrear identidades detrás de corporaciones dudosas y cruzar información en tiempo real junto con la Oficina Federal de Investigación Criminal y los órganos fiscales de los estados federados. Con esta tecnología, el ejecutivo busca cerrar definitivamente las brechas normativas que en el pasado facilitaron fraudes históricos de devolución múltiple de impuestos sobre dividendos.
Asimismo, las reformas pondrán freno a la controvertida figura que permitía a los evasores eludir penas de prisión mediante declaraciones voluntarias tardías, un recurso que experimentó una oleada de solicitudes tras la adquisición estatal de soportes digitales con datos de depósitos anónimos en Suiza. Bajo el nuevo esquema penal, la evasión fiscal a gran escala y bajo modalidades organizadas pasará a tipificarse como delito mayor, elevando el castigo máximo hasta los quince años de reclusión efectiva y fijando una condena mínima indispensable de un año para los casos de gravedad extrema.
Otro de los pilares del endurecimiento punitivo modifica las facultades del Estado para requisar patrimonios de origen dudoso. Anteriormente, la retención de activos de alto valor exigía una sentencia firme que vinculara de forma directa cada bien con un ilícito penal específico, un proceso judicial que solía dilatarse durante años en los tribunales.
A partir de la implementación de estas reformas, las autoridades aduaneras contarán con la prerrogativa de confiscar automóviles de lujo, joyas u otras propiedades suntuarias por un término de hasta seis meses bajo sospecha de lavado. El peso de demostrar la procedencia legítima de los fondos invertidos en dichas adquisiciones recaerá ahora sobre los titulares de los bienes, bloqueando el disfrute del capital ilícito de manera inmediata.
El episodio se produjo durante una Marcha del Orgullo en la capital alemana.
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