El Gobierno espera recaudar US$2.300 millones entre 2026 y 2027 para reforzar el pago de la deuda y sostener el equilibrio fiscal. AySA y Belgrano Cargas lideran la hoja de ruta oficial.
El Gobierno espera recaudar US$2.300 millones entre 2026 y 2027 para reforzar el pago de la deuda y sostener el equilibrio fiscal. AySA y Belgrano Cargas lideran la hoja de ruta oficial.
Las privatizaciones volvieron a ocupar un lugar central en la estrategia económica del Gobierno nacional. En el programa financiero presentado para 2026 y 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos por US$2.300 millones provenientes de la venta de activos estatales, recursos que serán utilizados para afrontar vencimientos de deuda y fortalecer las cuentas públicas en un período marcado por las elecciones y la necesidad de consolidar el superávit fiscal.
La hoja de ruta oficial contempla US$800 millones de ingresos durante 2026 y otros US$1.500 millones en 2027, que se sumarán al financiamiento obtenido mediante colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales y otras herramientas previstas por el Palacio de Hacienda.
El objetivo es claro: conseguir divisas sin tener que regresar a los mercados internacionales pagando tasas elevadas. En el equipo económico consideran que avanzar con las privatizaciones permitirá reducir las necesidades de financiamiento externo mientras continúa la baja del riesgo país.
Entre las empresas incluidas en el plan aparecen AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, además de otros activos cuya venta se encuentra en distintas etapas de preparación.
La privatización de AySA es la que presenta el mayor grado de avance. Tras ser declarada sujeta a privatización mediante la Ley Bases, el Gobierno habilitó la venta del 90% del paquete accionario y ya trabaja en la etapa final del proceso.
La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto, mientras el Ejecutivo continúa apelando la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que había frenado momentáneamente el procedimiento.
La licitación no tendrá precio base y exigirá que los interesados acrediten experiencia en la operación de servicios de agua potable y saneamiento. También podrán participar fondos de inversión y consorcios privados, aunque quedarán excluidas empresas controladas por Estados extranjeros, compañías sancionadas internacionalmente o con antecedentes de corrupción.
El esquema oficial contempla una venta en dos etapas. Primero se transferirá al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el resto del paquete estatal será colocado posteriormente en el mercado de capitales.
Otro de los proyectos que avanza a buen ritmo es la concesión de Belgrano Cargas. Los pliegos ya se encuentran en revisión final y solo resta la firma de Caputo para su publicación.
Una vez difundidas las condiciones, las empresas dispondrán de aproximadamente 90 días para presentar ofertas, con la intención oficial de adjudicar el proceso antes de fin de año.
La licitación dividirá el negocio en tres segmentos: administración de vías, talleres y material rodante. Además, implementará un sistema de acceso abierto (open access), que permitirá que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria mediante el pago de un canon.
El proyecto genera interés entre grandes empresas exportadoras y compañías logísticas, aunque también demandará inversiones millonarias para modernizar locomotoras, vagones e infraestructura ferroviaria.
No todos los procesos avanzan con la misma velocidad. La privatización de Intercargo quedó temporalmente trabada luego de que la licitación realizada semanas atrás quedara desierta por falta de ofertas que cumplieran los requisitos establecidos.
Ahora el Gobierno deberá decidir si modifica las condiciones del proceso o convoca a una nueva licitación.
En tanto, las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano permanecen en una etapa preliminar. Los equipos técnicos trabajan en la elaboración de los pliegos para lanzar las convocatorias durante los próximos meses.
Una situación similar atraviesa Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Si bien continúa vigente el decreto que autoriza la privatización parcial del 44% del capital, el proceso quedó momentáneamente en pausa tras los cambios en la conducción de la empresa y la revisión del plan nuclear.
Por su parte, YPF continúa avanzando en la venta de Metrogas, donde posee el 70% de la participación accionaria. La distribuidora se encuentra actualmente en etapa de due diligence, luego de recibir ofertas no vinculantes de trece empresas. La operación es asesorada por Citigroup y podría concretarse durante 2026, siempre que obtenga las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Más allá de la obtención de dólares, las privatizaciones cumplen un rol central dentro del programa económico de la administración de Javier Milei.
Los ingresos extraordinarios permiten aliviar las necesidades de financiamiento del Tesoro y, al mismo tiempo, sostener el equilibrio fiscal en un escenario donde el margen para profundizar el ajuste del gasto público es cada vez menor.
En ese sentido, distintos análisis económicos señalan que los recursos obtenidos por la venta de activos estatales ayudaron a sostener el superávit durante el primer semestre del año, compensando la desaceleración de otros ingresos y la evolución de determinadas partidas del gasto.
Con ese panorama, AySA y Belgrano Cargas aparecen hoy como las privatizaciones con mayores posibilidades de concretarse antes de fin de año, mientras el Gobierno busca acelerar los procesos para incorporar divisas, fortalecer las cuentas públicas y cumplir con el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía.
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