El examen preliminar a la niña de dos años coincidió con la versión materna sobre un ahogamiento accidental. La Fiscalía de Pinamar ordenó estudios toxicológicos y pericias complementarias debido a los antecedentes judiciales de la familia.
El examen preliminar a la niña de dos años coincidió con la versión materna sobre un ahogamiento accidental. La Fiscalía de Pinamar ordenó estudios toxicológicos y pericias complementarias debido a los antecedentes judiciales de la familia.
El informe preliminar de la necropsia practicada a Isabella, la menor de dos años fallecida en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell, determinó que el deceso ocurrió por una asfixia obstructiva que derivó en paro cardíaco. El estudio médico-forense caracterizó la muerte como no traumática, al no constatar lesiones ni marcas compatibles con violencia física reciente o antigua.
Aquel resultado ratificó inicialmente la declaración emitida por la madre de la niña, Lucía Sosa, de 44 años. La mujer había trasladado a su hija sin signos vitales durante la madrugada del lunes al centro sanitario, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos sin lograr revertir el cuadro. Ante los profesionales, la progenitora manifestó que la pequeña sufrió una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera.
El caso quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.
A pesar de la concordancia entre la autopsia y el relato de la madre, la Justicia ordenó resguardar la vivienda familiar para el trabajo de la Policía Científica, dispuso el secuestro de la historia clínica e impidió la entrega del cuerpo a los familiares.
Aquel despliegue obedeció al historial judicial de Sosa. En 2016, la mujer y su pareja de aquel momento, Héctor Picart, estuvieron detenidos por el deceso de su hija Yazmín, de 11 meses, ocurrido en Mar del Plata.
Durante aquel proceso también se investigó la muerte de otra de sus hijas, de seis meses, acontecida en 2013. Sin embargo, en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata absolvió a la pareja al no hallar evidencias de maltrato, abuso o conducta delictiva, atribuyendo las muertes a patologías respiratorias.
Paralelamente, la fiscalía ordenó la realización de análisis histopatológicos y toxicológicos sobre el cuerpo de la niña. Aquellas medidas buscan descartar la presencia de sustancias e identificar si el episodio respondió a un accidente doméstico o a la intervención de un tercero.
Asimismo, personal policial realizó entrevistas en el domicilio e intervino en la contención de la familia, mientras los peritos analizan el entorno del hecho.
Las investigaciones técnicas y los análisis de anatomía patológica resultarán determinantes para cerrar el expediente y definir el encuadre legal definitivo. La resolución judicial pendiente abre un interrogante fundamental sobre la frontera entre la fatalidad médica recurrente y la responsabilidad penal en el cuidado infantil.
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