La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el empresario Elías Piccirillo. Los camaristas rechazaron la solicitud de excarcelación efectuada por la defensa al concluir que no existen elementos novedosos para morigerar la cautelar, al tiempo que advirtieron sobre la existencia de diligencias pendientes que resultan clave para el expediente.
El fallo del tribunal de alzada dio la razón al dictamen del fiscal federal Franco Picardi y a lo resuelto oportunamente por el juez federal Ariel Lijo. Entre los argumentos centrales, los magistrados destacaron que resta concretar la extracción y el peritaje de un teléfono celular secuestrado a Piccirillo, medida ordenada tras una denuncia por presuntas amenazas formulada por su exsocio, Francisco Hauque.
Riesgo procesal y la reconstrucción del caso
El expediente principal investiga la planificación de un operativo policial falso destinado a plantar un kilogramo de cocaína y un arma de fuego en el vehículo de Hauque, con el objetivo de evitar el pago de una deuda de 6 millones de dólares.
Por este hecho, el financista de 38 años se encuentra procesado junto a cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina, entre ellos el exoficial Carlos “Lobo” Smith, integrado a la causa bajo la figura de arrepentido.
Durante el acuerdo del tribunal, el juez Eduardo Farah enfatizó el grado de peligrosidad procesal y los antecedentes de obstrucción a la justicia. El magistrado recordó las actuaciones del sumario policial durante las primeras medidas de prueba en la urbanización Nordelta, donde la fuerza pública debió aguardar el paradero del imputado mientras este intentaba ocultar dispositivos de comunicación. “Existen comportamientos previsibles de engaño u obstrucción futuras que es necesario prevenir”, señaló el camarista en el texto resolutivo.
A dicho panorama se suma la incorporación de los resultados de la reconstrucción del hecho realizada en junio por la justicia de instrucción. La pericia determinó que la simulación del procedimiento en las inmediaciones del Palacio Duhau presentó inconsistencias que comprometieron la posición del procesado.
Paralelamente, el juez Roberto Boico ponderó la existencia de una investigación conexa vinculada a supuestas maniobras irregulares en la asignación de licencias de importación y acceso al mercado cambiario oficial (SIRA) durante la gestión gubernamental anterior.