Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
La incorporación de las estructuras defensivas a las dinámicas del control interno se consolidó como una tendencia recurrente en diversos países latinoamericanos para contener el accionar de las organizaciones delictivas. Casos como el de Perú reflejan esta inclinación mediante decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas atribuciones en el patrullaje de las vías públicas y la administración de los recintos penitenciarios. De manera similar, en territorio ecuatoriano la declaración formal de conflicto interno habilitó el despliegue castrense tras episodios de violencia en los centros de detención y medios de comunicación, generando posteriores investigaciones sobre el actuar de las fuerzas bajo custodia.
Por su parte, la experiencia mexicana evidencia un proceso prolongado donde la participación militar ha trascendido las tareas operativas de calle. A través de la creación de la Guardia Nacional y la transferencia de competencias administrativas, el estamento militar asumió progresivamente la gestión de infraestructuras clave como aduanas, aeropuertos y obras públicas. En tanto, El Salvador sostiene de forma continuada un régimen de excepción iniciado en 2022 que restringe ciertas garantías constitucionales, posicionando a los efectivos del ejército como el eje central de las detenciones masivas en las comunidades.
Frente al fenómeno de la militarización regional, un reportaje publicado por El País analiza cómo algunas naciones mantienen esquemas basados en la labor de agencias civiles e inteligencia. Costa Rica destaca como un modelo particular al carecer de Fuerzas Armadas desde mediados del siglo pasado, confiando la persecución penal y la prevención del delito a los cuerpos policiales y al sistema judicial, aun en contextos de restricciones presupuestarias y avance del narcotráfico internacional.
Los análisis de especialistas y organismos internacionales advierten que delegar el orden público en los ejércitos suele derivar en riesgos para las libertades individuales y en una escalada de la violencia, debido a que el entrenamiento castrense difiere de la formación policial. Quienes defienden el fortalecimiento institucional argumentan que la desarticulación del crimen organizado requiere una acción integral enfocada en la investigación financiera, el control judicial de las causas y la recuperación de la presencia estatal en el plano social.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
El gobernador Hugo Passalacqua renunció al partido de Carlos Rovira, consolidando la ruptura del oficialismo en Misiones. El mandatario proyecta competir con un sello propio en 2027 debido a sus profundas diferencias sobre la relación con el Gobierno nacional.
El sindicalista Facundo Moyano fue aprehendido por la policía en Belgrano tras perseguir en la vía pública a una mujer que salió desnuda de un edificio durante la madrugada. Las autoridades judiciales investigan las causas del altercado.
Claudio “Chiqui” Tapia solicitó acceso a la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero. La AFA evalúa ser querellante al considerar que las operaciones irregulares con futbolistas perjudicaron sus ingresos económicos.
Pagni analiza cómo Milei y Cristina recurren a la agenda internacional ante sus dificultades locales. Mientras el Presidente replica tácticas de Trump, la expresidenta busca aval en la ONU, al tiempo que Mahiques teje impunidad para la AFA y el Gobierno.
