Frente al nuevo ataque de Javier Milei contra la ley de aborto, la médica e investigadora Mariana Romero (CEDES-CONICET) desarma con datos oficiales la relación entre natalidad y aborto legal, y explica por qué la autonomía reproductiva de las mujeres sigue incomodando al poder.
“Una vez más.” Así resume Mariana Romero el último ataque de Javier Milei contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuando el Presidente volvió a culpar a “la jodita de los pañuelos verdes” por la caída de la natalidad. Romero es médica, directora ejecutiva del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), investigadora del CONICET y co-directora de REDAAS, la Red de Acceso al Aborto Seguro. Lleva más de tres décadas investigando salud sexual y reproductiva en la región, con publicaciones en The Lancet y JAMA.
Su respuesta a Milei no es una opinión: es una cronología.
“El descenso de la fecundidad en la Argentina empezó más marcadamente en 2014, o sea, seis o siete años antes” de la sanción de la Ley 27.610, explica Romero. Adjudicarle esa caída a una norma que todavía no existía es, en sus palabras, algo que “no tiene ni patas ni cabeza”.
Pero hay algo más de fondo: la Argentina nunca fue un país de fecundidad alta. “Fue siempre un país de una fecundidad baja comparada con el resto” de América Latina, con un promedio histórico de 2,4 a 3,2 hijos por mujer a inicios del siglo pasado, cuando la región recién hacía esa transición demográfica en los años 70. Hoy, Chile y Uruguay tienen tasas de fecundidad todavía más bajas que la argentina. Y el fenómeno tampoco es regional: es global. Prácticamente toda Europa y el 75% de los países de América Latina están hoy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional.
Los datos del informe desarrollado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) (2026) Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad en Argentina, le dan la razón a Romero. Si bien en 2024 la tasa global de fecundidad descendió a 1,2 hijos por mujer, el propio organismo advierte que esto no debe leerse como un “invierno demográfico” alarmista, sino desde los derechos humanos: la verdadera crisis no es que nazcan menos bebés, sino la falta de condiciones materiales para que las personas decidan libremente
Sin ir más lejos, si ponemos la mirada en países hiperdesarrollados, el informe global del UNFPA, titulado Estado de la Población Mundial 2025: La verdadera crisis de fecundidad, confirma que este descenso es un fenómeno estructural en los países de ingreso alto. Naciones como Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Suecia registran desde hace tiempo tasas inferiores al nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.
El documento advierte que la baja natalidad en estos contextos no responde a legislaciones recientes respecto de la interrupción voluntaria del embarazo—de hecho, en la mayoría de estos países el aborto es legal desde la década de 1970—, sino a que las mujeres comienzan a tener hijos más tarde impulsadas por el deseo de prosperar en sus carreras profesionales.
A esto se suma lo que el organismo define como una “desigualdad de género crónica”. El estudio señala que la lentitud con la que los hombres se implican en las tareas de cuidado tiene una importancia capital en que las familias sigan siendo pequeñas. Por eso, el reporte enfatiza que utilizar un tono “catastrofista” sobre un supuesto “suicidio demográfico” desvía la atención de la verdadera crisis: las políticas estatales están fracasando a la hora de ayudar a las personas a cumplir sus propios objetivos familiares por falta de apoyo y equidad.
Hay un dato que, para Romero, cambia por completo el sentido del debate: la caída de la fecundidad no ocurrió porque las mujeres adultas tengan menos hijos y las adolescentes más. Al contrario. “Las adultas no están teniendo más hijos, pero las niñas y adolescentes tampoco. Y eso es una muy buena noticia”, dice. La Argentina fue históricamente un país con una tasa de fecundidad adolescente elevada —incluyendo niñas de 10 a 14 años—, y ese número bajó a la mitad en la última década.
El motivo, según explica, tiene nombre y apellido: Educación Sexual Integral, Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional, y mayor acceso gratuito a anticonceptivos. “Esas son niñas y adolescentes que tienen más probabilidades de tener terminalidad educativa, menos probabilidad de tener embarazos no intencionales”, con los riesgos físicos y emocionales que eso implica.
¿Entonces quién decide tener menos hijos? Nadie en particular, según la Dra.Romero, esas niñas y adolescentes que hoy ya no tienen embarazos no intencionales “van a tener hijos, pero los van a tener como adultas, no como niñas y adolescentes. Entonces no es que se fueron del sistema, hay una postergación de la maternidad en general”, tanto en adolescentes como en adultas. Y esa postergación responde a una combinación de factores: incertidumbre laboral, imposibilidad de acceder a una vivienda, un “mundo más incierto” con conflictos bélicos en escalada, y también un cambio profundo en cómo se organizan las familias para cuidar.
“Las abuelas hoy son ciudadanas más involucradas en la vida cívica y laboral” y ya no sostienen el cuidado como antes, señala. A eso se suma la creciente cantidad de hogares monomaternales y en el medio una demanda de crianza nunca antes vista —deportes, idiomas, actividades, no pantallas, estimulación, tiempo, alimentación— que antes no existía o no se abordaba con ese nivel de exigencia.
Lejos de las lecturas simplistas del oficialismo sobre un supuesto desinterés por formar una familia, los datos de la encuesta Deseos reproductivos en la encrucijada de UNFPA respaldan la postura de Romero: el deseo de maternar y paternar sigue vigente, pero choca contra la realidad. En Argentina, donde la tasa de fecundidad cayó a 1,2 en 2024 (por debajo del nivel de reemplazo poblacional), un 57% de las personas de entre 18 y 45 años declara que desearía tener más hijos de los que tiene, y el 34% sigue considerando que el modelo ideal es tener dos.
Sin embargo, la brecha entre el deseo y la posibilidad es abismal: las limitaciones financieras, la inseguridad laboral y la crisis habitacional representan el 62% de las razones materiales que frenan esos proyectos de vida.
Para Mariana Romero, ahí está el nudo real que el discurso oficial evita: la falta de licencias y de estructuras de cuidado sostenidas por el Estado.
“¿Cómo suponemos que va a haber, no solo el acompañamiento que merecen una persona recién nacida y una mujer que acaba de parir, sino también cómo construís vínculo si en esa oportunidad, que es la inmediata, tenés tres días y después te tenés que involucrar rápidamente en tu trabajo otra vez” plantea sobre las licencias por paternidad, uno de los reclamos que aparece “de forma sistemática” en las encuestas sobre derechos reproductivos que su equipo relevó.
El cuidado de niñas, niños y adultos mayores sigue recayendo, dice, sobre las mujeres. Y ahí ve una oportunidad desaprovechada: la Argentina atraviesa hoy un segundo bono demográfico, con más población joven activa que adultos mayores. “¿Por qué no aprovechar eso para pensar una sociedad que cuide mejor, y no que ponga el peso en las mujeres o en las familias?”
La respuesta final de Romero a por qué este discurso vuelve una y otra vez, pese a estar desmentido cada vez, va al hueso:
“La decisión de una mujer de tener hijos, no tenerlos, cuándo tenerlos, etcétera, es una muestra constitutiva de autonomía. Y en gobiernos con posiciones conservadoras, la autonomía de un grupo del 50% de la población no es bienvenida.”
Allí radica la verdadera transformación cultural que el discurso conservador pretende ignorar: la maternidad dejó de ser un mandato social inexorable o la condición exclusiva para alcanzar una vida plena, para convertirse en una dimensión más que hoy compite con la salud, la estabilidad económica y la realización profesional.
Como rescata el informe de UNFPA, ejercer la autonomía reproductiva no es solo elegir cuándo y cuántos hijos tener, sino también contar con el derecho legítimo de no tenerlos. Garantizar esa libertad no requiere juzgar las decisiones individuales ni culpar a las leyes de salud sexual, sino asegurar las condiciones materiales, la información y la salud integral que el Estado hoy retacea.
Reducir la discusión a un supuesto egoísmo femenino, sostiene, evita la pregunta incómoda: cómo se redistribuyen socialmente los cuidados. Porque esa pregunta obliga a hablar del rol del Estado. “Eso molesta. Básicamente creo que molesta, e incomoda.”
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