La Administración Trump presentó un reglamento para cobrar 103.265 dólares por las visas laborales H-1B en Estados Unidos, con el fin de financiar agencias migratorias, medida que genera fuerte rechazo empresarial y judicial.
La Administración Trump presentó un reglamento para cobrar 103.265 dólares por las visas laborales H-1B en Estados Unidos, con el fin de financiar agencias migratorias, medida que genera fuerte rechazo empresarial y judicial.
La Administración del presidente Donald Trump presentó un borrador de reglamento para añadir una tarifa de 103.265 dólares a las solicitudes de visa H-1B sujetas al límite anual.
La medida alcanzó a peticiones tramitadas dentro de Estados Unidos y afectará a las empresas que participan en el sorteo de 85.000 permisos disponibles cada año. En el último periodo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió más de 211.000 solicitudes.
El portavoz del USCIS, Zach Kahler, informó que el cobro buscó recuperar costos operativos generados en diversas agencias federales encargadas de la fiscalización migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional estimó una recaudación de 8.800 millones de dólares anuales. La norma eximió a universidades e instituciones de salud sin fines de lucro.
Representantes del sector empresarial rechazaron la propuesta. El presidente de la organización FWD.us, Todd Schulte, calificó el monto como un impuesto a la innovación que limitará la competitividad de las compañías tecnológicas.
Por su parte, el director de políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Bradley, afirmó que el costo resultará prohibitivo para pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa enfrentó cuestionamientos jurídicos inmediatos. El ocho de junio de 2026, un juez federal de Massachusetts anuló un intento previo de fijar una tasa de 100.000 dólares, tras determinar que el Ejecutivo carecía de autorización del Congreso para imponer cobros por encima de los costos administrativos.
En julio de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo el fallo firme durante el proceso de apelación. Exanalistas del USCIS señalaron que financiar agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con estos ingresos carece de sustento legal.
Paralelamente, el Gobierno federal preparó la cancelación de hasta 200.000 visas de negocios B1 y turismo B2 expedidas entre 2016 y 2026. La medida se enfocó en personas que ingresaron con permisos de corta duración y posteriormente tramitaron solicitudes de asilo.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la coordinación con el DHS para identificar los visados sujetos a cancelación. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, sostuvo en redes sociales que el asilo no debe utilizarse como un mecanismo para eludir los controles migratorios.
Funcionarios federales aclararon que la revocación del documento de viaje no implicará la deportación automática, sino la pérdida del estatus de visitante mientras continúan los procesos legales.
La Administración Trump presentó un reglamento para cobrar 103.265 dólares por las visas laborales H-1B en Estados Unidos, con el fin de financiar agencias migratorias, medida que genera fuerte rechazo empresarial y judicial.
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