Mediante un acuerdo paritario para el período septiembre-diciembre, el Ejecutivo nacional fijó un aumento del 6,8% y un bono de $80.000 para estatales. La medida contó con el aval de UPCN pero desató el rechazo de ATE.
Mediante un acuerdo paritario para el período septiembre-diciembre, el Ejecutivo nacional fijó un aumento del 6,8% y un bono de $80.000 para estatales. La medida contó con el aval de UPCN pero desató el rechazo de ATE.
La negociación paritaria de la administración pública nacional cerró este martes con un escenario de división sindical. El Poder Ejecutivo nacional dispuso un esquema de actualización salarial para el período septiembre-diciembre que contempla subas escalonadas y el pago de una suma fija no remunerativa por única vez a fin de año. La medida se aplicará a la totalidad del personal estatal, tras contar con el respaldo del gremio mayoritario.
Durante la audiencia realizada en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, la representación oficial presentó una oferta que prevé incrementos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El esquema se complementa con un bono extraordinario de $80.000 asignado para el último mes de 2026.
La propuesta contó con la conformidad de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por el secretario general Andrés Rodríguez. Desde la organización sindical destacaron que la recomposición acumulada entre junio y diciembre de este año alcanza el 14,08%.
En contraposición, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento. El secretario general de la entidad, Rodolfo Aguiar, calificó el resultado de insuficiente y ratificó la convocatoria a un plenario federal de delegados para determinar un plan de acción durante la próxima semana. Según las estimaciones difundidas por el gremio, el poder adquisitivo del sector acumula un retroceso superior al 44% en el período actual de gobierno.
Paralelamente, la dirigencia de ATE fundamentó su negativa con datos de una encuesta propia efectuada en dependencias públicas de todo el país. El relevamiento señaló que el 87% de las personas consultadas registra deudas pendientes, concentradas en la cobertura de alquileres, servicios esenciales, educación y alimentación.
Durante la audiencia, el sindicato demandó un piso salarial de $400.000 y la apertura de convenios colectivos específicos, reclamos que resultaron desestimados por los funcionarios públicos.
Por su parte, la pauta salarial presentada por el Gobierno guarda sintonía con las proyecciones oficiales de desaceleración de precios y con el plan de reestructuración del gasto público trazado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien semanas atrás precisó que la evolución de los salarios estatales forma parte de la estrategia fiscal en curso.
Tras auditar el padrón, el Gobierno dará de baja alrededor de 20.000 pensiones por invalidez laboral por irregularidades. Según reveló Nicolás Wiñazki en Clarín, la Casa Rosada busca ordenar el sistema y cortar pagos a beneficiarios apócrifos tras la ley de Discapacidad.
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