En el marco de la investigación por 90 muertes con fentanilo contaminado, el juez Ernesto Kreplak procesó a las exmáximas autoridades de la ANMAT e INAME. El fallo determinó que omitieron alertas técnicas y fijó embargos multimillonarios.
En el marco de la investigación por 90 muertes con fentanilo contaminado, el juez Ernesto Kreplak procesó a las exmáximas autoridades de la ANMAT e INAME. El fallo determinó que omitieron alertas técnicas y fijó embargos multimillonarios.
El Juzgado Federal N°3 de La Plata resolvió procesar sin prisión preventiva a las ex máximas autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos.
La medida judicial alcanzó a la exadministradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la causa que investiga la adulteración de fentanilo distribuido en centros de salud del país.
El juez Ernesto Kreplak consideró a ambas exfuncionarias prima facie partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa vincula el uso del anestésico contaminado con el fallecimiento de por lo menos 90 pacientes y lesiones de diversa gravedad en otras 44 personas.
Asimismo, el magistrado trabó un embargo de $500.000 millones e inhibición general de bienes sobre el patrimonio de cada una de las imputadas, quienes mantendrán la libertad sujetas a restricciones procesales y prohibición de salida del país.
La resolución judicial centró su atención en la actuación de los organismos sanitarios durante la fiscalización de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. De acuerdo con el expediente, inspecciones del INAME realizadas entre noviembre y diciembre de 2024 detectaron fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación en la planta productora de Ramallo.
A principios de enero de 2025, las áreas técnicas del organismo elevaron informes que sugerían suspender la producción de la planta y retirar productos del mercado. Sin embargo, las advertencias no derivaron en medidas inmediatas.
El primer despacho del lote contaminado de fentanilo ocurrió el 30 de enero de 2025, semanas antes de que las autoridades firmaran la primera paralización preventiva de la planta productora, emitida el 10 de febrero.
El magistrado fundamentó la imputación en la inacción administrativa frente a los riesgos detectados. En el caso de HLB Pharma, firma encargada de la comercialización, el proyecto de resolución para suspender sus operaciones nunca llegó a concretarse.
Según el fallo, las exfuncionarias conocían las irregularidades operativas y mantuvieron reuniones con representantes del laboratorio donde se acordó otorgar plazos para correcciones internas, permitiendo la continuidad de la distribución.
La investigación penal cuenta con 12 personas procesadas, entre ellas los empresarios Ariel y Diego García Furfaro, directivos de los laboratorios involucrados, quienes permanecen detenidos desde hace un año. La causa suma 134 víctimas documentadas y 47 partes querellantes.
La inclusión de las exautoridades reguladoras en el procesamiento desplaza el alcance del expediente hacia los mecanismos institucionales de fiscalización sanitaria.
El fallo judicial deja abierto el debate sobre los límites de la responsabilidad administrativa y penal del Estado cuando las fallas en los sistemas de supervisión preventiva derivan en consecuencias fatales para la salud pública.
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