Con seis millones de personas en mora, la caída de los ingresos aceleró una crisis profunda en el sistema financiero. Mientras Mercado Pago y las fintech capitanean el crédito de alto costo con tasas anuales de hasta el 249%, las entidades bancarias cierran la canilla del financiamiento para no acumular deudores incobrables.
El endeudamiento de los hogares se transformó en uno de los problemas centrales de la economía argentina. En poco más de un año, la cantidad de personas con atrasos en sus compromisos financieros se duplicó, alcanzando una cifra crítica de seis millones de deudores en situación irregular. En este contexto de asfixia sobre los ingresos de las familias, la pelea de fondo entre las plataformas tecnológicas —con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, en el centro de la escena— y los bancos tradicionales expone una encrucijada estructural: tomar deuda rápida es cada vez más caro y acceder al crédito bancario formal resulta casi imposible.
El fenómeno tiene un protagonista indiscutido. Mercado Pago se consolidó como el principal originador de préstamos personales del país, desplazando a las entidades tradicionales y a competidores del sector como Naranja X. El brazo financiero de Galperin opera bajo una lógica de fondeo en el mercado de capitales y colocación de alto riesgo: la compañía captura pesos mediante Obligaciones Negociables (ON) a tasas cercanas al 28% anual y, con esa liquidez, otorga financiamientos con una Tasa Nominal Anual (TNA) que va del 48% al 249%, en función de un scoring propio que rastrea más de 4.000 variables de comportamiento de cada usuario.
Aunque la firma defiende este esquema como una vía para “democratizar” el acceso al crédito para quienes carecen de historial bancario, el costo financiero resulta implacable. Al cargar impuestos y gastos administrativos, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) alcanza niveles prohibitivos, convirtiendo a los microcréditos a 30 días en una trampa de endeudamiento. La mediana de la deuda con el sector no bancario se ubica en los $233.000 por persona: un monto cuantitativamente bajo pero que, acelerado por intereses punitorios, se transforma en una bola de nieve que margina a miles de usuarios hacia la peor calificación de la Central de Deudores de la autoridad monetaria.
El informe elaborado por el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pone en números la magnitud de la tormenta. Entre julio de 2024 y junio de 2026, la cantidad de deudores irregulares saltó de 2,3 millones a 5,9 millones, de los cuales 5,7 millones registraron su primer atraso en los últimos dos años. La dinámica muestra además un claro sesgo generacional: 76 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años que se endeudan por primera vez lo hacen de la mano de una entidad no bancaria. En ese segmento, firmas como Ualá llegaron a registrar a mediados de 2026 un 37% de su cartera en situación irregular, obligando a elevar las exigencias para mitigar el riesgo.
Otras competidoras del mercado fintech como Naranja X, del Grupo Galicia, exhiben comportamientos similares con TNAs de entre el 45% y el 143% anual, fondeándose también mediante ONs a tasas del 29,5%. Sin embargo, en el otro extremo del sistema, los bancos tradicionales optaron por replegarse y restringir fuertemente el otorgamiento de nuevos créditos. A pesar de concentrar cuatro de cada cinco pesos prestados en el país y de administrar montos promedio por cliente sensiblemente superiores —$5,5 millones promedio en bancos frente a $1,4 millones en fintechs—, las entidades financieras cerraron la canilla para evitar un disparo en sus índices de morosidad ante el deterioro laboral.
Frente a esta coyuntura, la banca pública y privada redirigió sus esfuerzos hacia la refinanciación de deudas vencidas. El Banco Provincia, por ejemplo, ofrece planes de regularización a tasas más bajas para contener al 17% de sus clientes con mora superior a 90 días, al tiempo que eleva la TNA al 79% para la originación de nuevos préstamos personales. En el sector privado, entidades como BBVA o Banco Macro aplican tasas del 99% y 74% anual respectivamente, endureciendo los filtros de evaluación y paralizando la oferta proactiva de préstamos precancelados.
El balance final elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) refleja el impacto social del modelo: en el período reciente se registraron 2,6 millones de nuevos morosos frente a solo 1,5 millones de nuevos deudores. Es decir, la cantidad de personas que cayeron en el incumplimiento superó con creces a quienes lograron acceder a nuevo financiamiento. Sin políticas públicas articuladas para sanear el crédito, la población queda atrapada en un callejón sin salida donde las fintech cobran tasas astronómicas para cubrir su riesgo y los bancos, simplemente, se niegan a prestar.
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