Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, deberá cumplir ocho años de prisión tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema. El máximo tribunal desestimó los recursos de la defensa por el desvío de fondos públicos y la fiscalía pidió su detención.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial Sergio Urribarri. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los planteos de la defensa y dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado.
El fallo del tribunal aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mecanismo que permite rechazar apelaciones sin pronunciarse sobre el fondo del asunto cuando se considera inexistente una cuestión federal.
Al respecto, el juez Lorenzetti precisó en su voto, en base al precedente “Vidal”, que esta desestimación no implica ratificar o cuestionar el acierto de la resolución previa, sino dar por agotada la instancia federal.
La investigación penal comprendió cinco hechos vinculados al direccionamiento de publicidad oficial entre 2007 y 2015, período en el que Urribarri gobernó la provincia de Entre Ríos.
Las irregularidades acreditadas en la causa abarcaron la adjudicación de pauta a empresas sin existencia legal previa, la pauta publicitaria en vía pública mediante firmas vinculadas a familiares, la contratación de un parador playero en Mar del Plata y la emisión de piezas publicitarias durante la Cumbre del Mercosur de 2014.
El proceso judicial fijó también penas para otros exfuncionarios provinciales. El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera recibieron penas de prisión efectiva.
Asimismo, otros implicados en el esquema empresarial y administrativo recibieron condenas de ejecución condicional de entre uno y tres años, mientras que cinco imputados resultaron absueltos durante el debate oral en los tribunales de Paraná.
El trámite contra el exgobernador y exembajador argentino en Israel sumó antecedentes de prisión preventiva en noviembre de 2024, dispuesta por la Cámara de Casación provincial. Sin embargo, dicha medida cautelar quedó revocada en enero de 2025 por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, permitiéndole esperar la resolución en prisión domiciliaria en la ciudad de Concordia.
Tras la notificación emitida por el máximo tribunal del país, la Fiscalía provincial solicitó al tribunal de origen la ejecución inmediata de la pena para disponer el traslado de los condenados a un establecimiento penitenciario.
La resolución marca el cierre definitivo de los recursos judicial en Argentina, planteando interrogantes sobre los mecanismos de control en la asignación de la pauta publicitaria estatal.
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