Un informe elaborado por la Fundación Éforo puso en duda el argumento central del Poder Ejecutivo sobre el impacto económico de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pese a la supresión de la jornada electoral previa en 2025, el gasto público en los comicios legislativos disminuyó de forma marginal respecto a la contienda equivalente de 2021.
3% fue la reducción real del presupuesto electoral en 2025 frente a las legislativas con PASO de 2021.
US$ 9,5 millones representó el ahorro efectivo, lejos de los US$ 200 millones proyectados por el Ejecutivo.
$225.000 millones demandaron los servicios del Correo Argentino, concentrando el 48% del gasto total.
La rigidez del gasto logístico y el rol del Correo
El estudio titulado Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano determinó que la reducción lograda mediante la Boleta Única Papel (BUP) y la menor impresión de boletas fue neutralizada por el costo del despliegue operativo. La prestación contratada al Correo Argentino registró el valor más alto desde 2007, superando incluso promedios de años con balotaje presidencial.
En términos reales, los comicios de 2025 alcanzaron un costo total de $468.000 millones (0,05% del PBI), resultando un 58% más costosos que las legislativas de 2009, previas a la instauración de las primarias. La vicepresidenta de la entidad, Carla Pitiot, reclamó desglosar con mayor transparencia las partidas públicas para permitir una evaluación ciudadana rigurosa.
Caída del financiamiento ordinario a los partidos
En contraposición al aumento de los gastos logísticos, el financiamiento permanente destinar a las agrupaciones políticas sufrió una contracción drástica. El Fondo Partidario Permanente, destinado a la capacitación y sostenimiento institucional fuera de los períodos comiciales, pasó de $35.000 millones en 2015 a $402 millones en 2025.
Esta reestructuración presupuestaria coincide con el proyecto de reforma electoral que se debate en el Senado. La iniciativa impulsada por el oficialismo busca eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas, habilitando en su lugar una mayor participación del financiamiento privado con un tope del 35% por aportante.