Netanyahu ordenó evacuar unos cien asentamientos ilegales en Cisjordania por presiones de Estados Unidos. La medida generó rechazo en su gabinete, mientras la diplomacia estadounidense exigió frenar la violencia colona y castigar a los responsables de hechos delictivos.
En una decisión inédita que desató inmediatas fricciones dentro de la coalición gubernamental, el jefe de Estado israelí dio curso a la desarticulación de asentamientos erigidos sin aval normativo en áreas bajo jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina. La disposición fue revelada por el titular de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien expresó públicamente su rechazo a las acciones de desmantelamiento en las regiones A y B, aunque ponderó los avances en la consolidación de viviendas en otros sectores de la zona en disputa. La iniciativa contempla la retirada de instalaciones prefabricadas e infraestructura menor distribuidas en aproximadamente un centenar de puntos de ocupación.
El mapa regional registra más de tres centenares de estos enclaves precarios, sumados a las comunidades formalmente ratificadas por el aparato estatal. Mientras las organizaciones internacionales y la diplomacia multilateral encuadran estas edificaciones como violaciones al derecho internacional en terrenos bajo ocupación militar, la postura oficial israelí mantiene la calificación de territorio en diferido.
Fuentes cercanas al proceso atribuyen el giro estratégico a las directas demandas formuladas por la Casa Blanca para contener la escalada en la región. El escenario se tensó tras la recorrida efectuada por el representante diplomático estadounidense, Mike Huckabee, en poblados palestino-estadounidenses afectados por choques con grupos radicales, donde el funcionario exigió castigos ejemplares para los responsables de hechos delictivos y rechazó categóricamente cualquier intento de desplazamiento forzado de poblaciones.
Hasta el momento, ni la portavocía del Ejecutivo israelí ni las fuerzas armadas han precisado el cronograma operativo ni los recursos que se destinarán para ejecutar los desahucios ordenados en los puntos no autorizados.
Tras caer ante Lula, la Justicia prohibió salir de Brasil a Flávio Bolsonaro y le incautó el pasaporte. El senador, cercado por causas de presunto lavado de dinero y quiebras fraudulentas, perderá sus fueros en febrero.
Deben definir los ocho representantes que asumirán el próximo 18 de noviembre.
Empresas argentinas colocaron casi US$ 2.700 millones en deuda privada durante septiembre, anticipándose a la suba del riesgo país. El sector petrolero lideró las emisiones con tasas mínimas históricas, acompañadas por un notable dinamismo en fideicomisos y pymes.
La Justicia porteña levantó la perimetral a Facundo Moyano, permitiéndole volver a ver a Candela Arizaga. Aunque la investigación por presuntas lesiones sigue abierta, la pareja negó los hechos y el dirigente ironizó hablando de posible casamiento y embarazo.
Pagni analiza la proeza de Lula y el impacto regional para Milei. Ante el estancamiento económico, el peronismo se reagrupa, mientras Santilli negocia con gobernadores la baja de las PASO a cambio de nombramientos en la Corte y la Procuración.
Un temporal en Neuquén provocó inundaciones y rutas cortadas, dejando a cientos de camiones varados. Aunque la extracción petrolera no peligra, el barro expuso el grave déficit de infraestructura vial frente al constante récord de producción en Vaca Muerta.
Un damnificado apeló el sobreseimiento de Javier Milei en el caso $LIBRA y exigió reabrir la causa. El escrito cuestiona al juez y al fiscal por cerrar la investigación ignorando llamados previos y millonarias transacciones privilegiadas antes del anuncio.
Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por no reconocer el triunfo electoral de Lula da Silva. El gobernador bonaerense calificó de irresponsable el silencio oficial, advirtió sobre el impacto comercial para empresas y trabajadores, y le exigió disculpas públicas.
