Victoria Xipolitakis emprendió un viaje a Grecia junto a su hijo Salvador, de 7 años, tras recibir la autorización de la Justicia argentina en el marco del conflicto legal que mantiene con su expareja, para celebrar el cumpleaños del abuelo del menor.
La panelista Victoria Xipolitakis viajó a Grecia junto a su hijo Salvador Uriel, de 7 años, luego de recibir la autorización formal de la Justicia argentina para abandonar el territorio nacional. El fallo permitió el traslado internacional del menor en el marco del litigio legal y la restricción de salida que involucra al padre del niño, el empresario Javier Naselli.
El viaje tuvo como propósito principal la asistencia a una celebración familiar con motivo del aniversario número 70 del abuelo materno del menor. Al no contar con el consentimiento directo entre las partes o registrarse trabas por los antecedentes judiciales del expediente familiar, la salida requirió la intervención directa de los tribunales y el patrocinio del equipo de abogados de la mediática.
Las restricciones de traslado para el niño responden al expediente iniciado tras la separación de la pareja en 2019, proceso que incluyó denuncias por presunta violencia de género e inconsistencias sobre el régimen de visitas y la cuota alimentaria.
Fuentes del entorno legal confirmaron que este tipo de permisos internacionales contempla plazos estrictos de retorno y la supervisión de las autoridades competentes.
Xipolitakis difundió la resolución a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías del embarque en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En sus declaraciones públicas, la conductora evitó referirse al estado actual de la causa contra su expareja, argumentando el deseo de preservar la privacidad de su hijo, a quien cubrió el rostro en los registros fotográficos difundidos.
El caso reabre el debate sobre las trabas burocráticas y los mecanismos legales que regulan los permisos de viaje al exterior en familias con procesos judiciales abiertos. La resolución otorgada sienta un precedente respecto al equilibrio entre el derecho de comunicación familiar y las garantías de protección de menores en situaciones de alta conflictividad parental.
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