Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El último relevamiento sectorial elaborado por la Unión Industrial Argentina expuso un deterioro crítico en la cadena de pagos del entramado productivo nacional. Durante el período evaluado, casi la mitad de los establecimientos manufactureros admitió complicaciones severas para saldar alguna de sus obligaciones corrientes, abarcando desde compromisos impositivos y salariales hasta la liquidación de facturas a proveedores y servicios básicos. La cifra de plantas productivas que cayeron en cesación de pagos simultánea sobre la totalidad de sus erogaciones rozó el diez por ciento, marcando un pico inédito que duplica las métricas históricas de la actividad.
Para capear la falta de circulante, más del cincuenta por ciento de las firmas afectadas recurrió al crédito de corto plazo, contrayendo pasivos con tasas elevadas que terminaron por erosionar los márgenes de rentabilidad operativos.
El principal factor que condiciona la operatividad fabril radica en la atonía del mercado interno, donde cerca del cincuenta por ciento de las pymes y grandes plantas registró retrocesos directos en sus niveles de facturación. A este panorama de ventas a la baja se le suma la presión inflacionaria en los costos fijos —principalmente en las tarifas energéticas por distorsiones internacionales— y la irrupción de bienes importados comercializados bajo condiciones de competencia desleal, punto que alarma especialmente a los rubros textil, metalúrgico, maderero y autopartista.
Esta combinación de factores mantiene a dos terceras partes de las fábricas funcionando por debajo de su potencial instalado, con expectativas desfavorables para la mayoría de las administraciones de cara a los próximos doce meses.
Pagni explica cómo Milei aprovecha la ambigüedad de Trump sobre Malvinas para retomar la iniciativa política. Tras las denuncias petroleras y las paradojas con Israel y Elsztain, Santiago Caputo refuerza la caja de la SIDE con retórica nacionalista.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
El Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro educativo a las políticas de los últimos doce años de gestión kirchnerista. Tras el informe PISA, el Gobierno defendió sus Planes Nacionales de Alfabetización y Matemática para revertir el rezago histórico.
El Gobierno oficializó tres comandos unificados de seguridad para custodiar la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo coordinará fuerzas federales e inteligencia en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba hasta 48 horas post-evento.
La ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal en internet de inyecciones para adelgazar y diez péptidos inyectables sin autorización. El organismo advirtió sobre graves riesgos para la salud debido a la falta de controles y evidencia científica.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
