Mediante dictamen de plenario en el Senado, el oficialismo avanzó con la reforma del Banco Central para frenar la emisión al Tesoro y blindar la moneda, en una jornada cruzada por reclamos de la oposición.
Mediante dictamen de plenario en el Senado, el oficialismo avanzó con la reforma del Banco Central para frenar la emisión al Tesoro y blindar la moneda, en una jornada cruzada por reclamos de la oposición.

El plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen favorable para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
La iniciativa, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, obtuvo las firmas necesarias luego de un debate de más de cuatro horas encabezado por los senadores Martín Goerling Lara y Agustín Monteverde, con la participación de las autoridades de la entidad monetaria.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, expusieron los pilares del proyecto. Bausili señaló que la normativa vigente impuso múltiples metas sobre la institución mediante una única herramienta.
Según el funcionario, la reforma busca concentrar la misión de la entidad en la preservación del valor de la moneda, limitar el financiamiento directo al Tesoro nacional, normar la distribución de utilidades para evitar emisiones sin respaldo real, exigir la participación vinculante del Congreso en la remoción de autoridades y modificar el uso de letras intransferibles.
Por su parte, Werning sostuvo que la relación histórica entre el Tesoro y la entidad afectó la posición patrimonial del banco y redujo la credibilidad de sus instrumentos. Manifestó que establecer estas restricciones por ley otorgará mayor previsibilidad a depositantes, empresas y trabajadores.
Asimismo, la senadora, Patricia Bullrich, respaldó el dictamen al afirmar que la medida busca terminar con el financiamiento del déficit estatal y confirmó la intención del bloque oficialista de llevar el texto al recinto durante la siguiente semana.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos al enfoque de la iniciativa. El senador, José Mayans, en representación del bloque Justicialista, expresó el rechazo total de su espacio y argumentó que las decisiones de política económica deben evaluarse en función del impacto en las condiciones de vida de la sociedad y el principio constitucional de bienestar general.
A su vez, legisladores del peronismo advirtieron que la aprobación del texto sin modificaciones reduciría las facultades de control del Parlamento sobre las operaciones de la entidad.
En contraste, la senadora, Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, valoró la desvinculación entre el financiamiento monetario y la gestión de gobierno de turno, aunque remarcó la importancia de aplicar un criterio federal en la conducción económica.
La búsqueda de un marco legal estricto para impedir la emisión sin respaldo y redefinir las competencias del Banco Central reabre una discusión histórica sobre los límites de la política monetaria.
Resta determinar si la focalización exclusiva en la estabilidad de la moneda resultará suficiente para dinamizar el sistema crediticio o si la rigidez normativa acotará la capacidad de respuesta institucional ante eventuales fluctuaciones de la economía nacional.
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