El Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior. La medida busca supervisar que las gestiones públicas respeten el reclamo territorial del Atlántico Sur y disuadir la explotación ilegal de recursos.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior. La medida busca supervisar que las gestiones públicas respeten el reclamo territorial del Atlántico Sur y disuadir la explotación ilegal de recursos.
El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un mecanismo que funcionará dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería) y que buscará coordinar las acciones estatales relacionadas con la política exterior argentina.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente. Según el texto oficial, el sistema implementará mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para las actividades del Estado que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales del país.
El esquema también tendrá como objetivo que las iniciativas vinculadas con las relaciones exteriores mantengan una línea coherente con los criterios generales de la política exterior argentina en relación con los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El anuncio se produjo después de que el Gobierno avanzara con otras medidas vinculadas con el reclamo por Malvinas. El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
La norma también instruyó a los organismos de la Administración Pública Nacional a informar, dentro de los 5 días hábiles, hechos que pudieran constituir infracciones a esa ley. Además, estableció un procedimiento administrativo con un plazo de 10 días hábiles para que los presuntos infractores presentaran su descargo.
El decreto incorporó, asimismo, nuevos controles para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que solicitaran adherirse deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659. La intervención de la autoridad de aplicación de esa norma será obligatoria antes de resolver cada solicitud.
La Oficina del Presidente informó el 7 de septiembre que el canciller Pablo Quirno presentaría una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas, según la acusación oficial, con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación también alcanzaría a directivos y representantes que hubieran intervenido en esas operaciones.
El Gobierno también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. De acuerdo con la comunicación oficial, la iniciativa crearía un Consejo de Seguridad Nacional y establecería mecanismos para coordinar la actuación de la Defensa, la Seguridad Nacional, la inteligencia estatal, la Cancillería y el Ministerio de Economía.
La creación del nuevo sistema busca integrar esas acciones en una estrategia estatal común. Sin embargo, el anuncio no precisó su estructura, sus autoridades específicas, su presupuesto ni el procedimiento mediante el cual intervendrá en cada caso. Esos aspectos deberán definirse en futuras normas o reglamentaciones, si el Poder Ejecutivo decide avanzar en esa dirección.
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