Rectores expusieron en el Congreso que el proyecto de Presupuesto asigna $7,3 billones a las universidades frente a los $11 billones requeridos. Advirtieron que el desfasaje de casi $4 billones compromete el pago de salarios y la apertura institucional.
Autoridades académicas advirtieron ante la Cámara de Diputados sobre las serias dificultades de funcionamiento institucional proyectadas para el próximo ejercicio. El proyecto girado por el Poder Ejecutivo fija una partida global cercana a los $7,3 billones, cifra significativamente distante de los $11 billones que la conducción del sistema superior considera indispensables para sostener las actividades académicas y administrativas básicos. Durante un encuentro en el anexo parlamentario, referentes del sector manifestaron que la propuesta de financiamiento actual no llega a cubrir las erogaciones salariales ni los gastos operativos mínimos, planteando un escenario de extrema complejidad para la apertura de las aulas.
La estimación presentada por las comisiones económicas interuniversitarias toma como referencia el crédito del ejercicio 2026 e incorpora la recomposición derivada de la norma de financiamiento aprobada previamente por el Poder Legislativo. En ese esquema, las erogaciones destinadas al personal docente y no docente insumirían por sí solas más de $8,3 billones, sobrepasando el techo total asignado en la propuesta oficial. Especialistas del sector indicaron que el desfasaje salarial proyectado requiere un reajuste superior al 33%, mientras que las previsiones de gastos de funcionamiento contemplan una actualización del 20%, margen considerado insuficiente frente a los índices inflacionarios acumulados en los últimos períodos.
Los rectores señalaron que, a diferencia de períodos anteriores, el diagrama presupuestario no contó con un espacio previo de concertación entre las autoridades del área educativa y los organismos universitarios. En la antesala de una nueva convocatoria paritaria con las representaciones sindicales, desde el ámbito académico remarcaron la necesidad de consolidar instancias institucionales que garanticen el sostenimiento de las políticas de desarrollo científico, hospitalario y de infraestructura. La falta de entendimiento en las reuniones previas ha intensificado el malestar en las dependencias de todo el país.
Se elimina por ejemplo la compatibilidad entre percibir la pensión por discapacidad y tener un empleo de hasta dos salarios mínimos.
Thomas Tuchel justificó sus cambios tácticos en la derrota de Inglaterra contra Argentina por el Mundial. El DT alemán calificó el desenlace como “esperar la muerte” ante la presión albiceleste y asumió la responsabilidad total por la eliminación.
El dirigente radical Ernesto Sanz no descartó postularse a la presidencia y propuso refundar la alianza opositora con la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica. Además, equiparó los métodos del mileísmo con los del kirchnerismo.
Rectores expusieron en el Congreso que el proyecto de Presupuesto asigna $7,3 billones a las universidades frente a los $11 billones requeridos. Advirtieron que el desfasaje de casi $4 billones compromete el pago de salarios y la apertura institucional.
Revelaron que una auditoría fijó el patrimonio de Tini Stoessel en 89 millones de dólares. La cantante busca quedarse con el 70% y distribuir el resto entre su familia, provocando el rechazo de su padre.
Lula defenderá la soberanía brasileña en la ONU y responderá a las acusaciones de Donald Trump sobre el combate al crimen organizado. El pronunciamiento ocurre en plena campaña electoral, con la seguridad pública como eje central del debate.
El líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años de prisión mediante un juicio abreviado. La justicia desestimó la figura de asociación ilícita, mientras que el dirigente reconoció su pertenencia a la RAM sin expresar arrepentimiento.
El Congreso estadounidense aprobó un amplio paquete de sanciones contra el sector energético y militar ruso, respaldado por Donald Trump. La ley autoriza aranceles a países compradores de hidrocarburos rusos para frenar el financiamiento del conflicto en Ucrania.
