Nicaragua restableció el visado obligatorio para ciudadanos cubanos, eliminando el libre ingreso vigente desde 2021. La medida ocurre ante las presiones de Estados Unidos, que acusa al gobierno de Ortega de facilitar rutas de migración irregular hacia la frontera norte.
En un giro inesperado de su política exterior, la administración nicaragüense liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo determinó que los ciudadanos cubanos deberán tramitar nuevamente un permiso de entrada para ingresar a su territorio. Esta disposición anula el beneficio de libre tránsito que regía desde hace cinco años y se produce bajo un clima de intensa vigilancia por parte de la Casa Blanca. Washington ha señalado reiteradamente a Nicaragua como una plataforma logística que facilita el flujo irregular de personas hacia la frontera norte, acusando a las autoridades locales de lucrar con el traslado de extranjeros de diversos continentes.
La medida oficial, comunicada por la cartera de Interior sin profundizar en las causas del cambio, surge además en un momento de asfixia económica para La Habana, impactada por las restricciones energéticas promovidas por el gobierno de Donald Trump. Analistas internacionales sugieren que el restablecimiento del visado responde a las presiones diplomáticas y sanciones impuestas recientemente contra funcionarios nicaragüenses señalados por promover el tráfico de migrantes. Con este nuevo escenario, se cierra una de las rutas más utilizadas por los residentes de la isla para iniciar trayectos terrestres hacia Estados Unidos, alterando la dinámica migratoria en la región centroamericana.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
