El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
La administración central protagonizó una jornada de marchas y contramarchas legislativas al ingresar y, poco después, dar de baja la propuesta de reforma del sistema punitivo juvenil en la Cámara Baja. El conflicto principal radicó en la pretensión oficial de establecer el límite de responsabilidad penal en los 13 años, una cifra que carece de consenso entre las fuerzas políticas aliadas. Ante la falta de apoyo, la Casa Rosada optó por retirar el pliego para ajustarlo a un esquema de 14 años, buscando así una aprobación más ágil mediante un acuerdo previo con otros bloques parlamentarios.
Una de las grandes novedades de esta versión, a diferencia de los intentos fallidos del ciclo anterior, fue la inclusión de una partida financiera específica para su puesta en marcha. El cálculo gubernamental estima una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, distribuidos entre la cartera de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta transparencia en los fondos intenta blindar la norma frente a posibles vetos o frenos por falta de financiamiento, un argumento que el Ejecutivo ha utilizado recientemente para neutralizar otras leyes de impacto social y educativo.
El texto modificado que se discutirá próximamente contempla un techo de 15 años de cárcel para adolescentes, descartando de plano las penas perpetuas. Asimismo, la normativa prioriza medidas alternativas a la reclusión, reservando la privación de la libertad únicamente para incidentes de extrema gravedad o violencia. En paralelo, surge un reclamo desde las provincias y sectores opositores para delimitar claramente las responsabilidades económicas entre Nación y los gobernadores, especialmente en lo referido a las reformas edilicias necesarias para garantizar centros de detención diferenciados y programas de salud y educación.
La defensa de la expresidenta elevó la condena por la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Argumentan graves violaciones a las garantías constitucionales, persecución de género y piden medidas cautelares para suspender la inhabilitación política.
A seis décadas de la irrupción policial en la UBA ordenada por la dictadura de Onganía, el episodio no solo desmanteló la autonomía universitaria, sino que impulsó la mayor fuga de cerebros de nuestra historia.
Tras cosechar dos derrotas consecutivas en el arranque del Torneo Clausura, el Millonario viaja a La Plata con la urgencia de sumar de a tres y el ansiado debut del ex-Atlético de Madrid.
El organismo Enrege otorgó a la minera Vicuña el certificado para construir infraestructura eléctrica clave en la cordillera sanjuanina. La decisión destraba un proyecto de cobre por más de US$ 9.000 millones, desestimando reclamos de provincias y empresas competidoras.
Una sorpresiva tormenta de nieve y viento blanco en el Balcón del Pissis dejó atrapados a más de cien excursionistas a 4.000 metros de altura. Rescatistas y maquinaria vial desplegaron un operativo de emergencia para evacuar a los contingentes.
El jefe de Gobierno porteño abogó por una alianza electoral con La Libertad Avanza de cara a 2027 para evitar el retorno del kirchnerismo. Además, negó cualquier enfrentamiento político con su primo Mauricio Macri tras una reunión de gestión.
El dólar mayorista cerró a $1.498 y el Banco Central frenó sus compras en el mercado oficial tras 135 ruedas consecutivas. Para frenar la presión cambiaria y evitar un impacto inflacionario, la autoridad monetaria reinforced su intervención en futuros.
A través de la plataforma SUBAST.AR, la Casa Rosada busca estandarizar el ingreso de capitales privados y eliminar intermediaciones para la venta de activos estatales.
