El juez Casanello procesó a Daniel Rodríguez, exintendente de Olivos, por facilitar encuentros secretos entre Alberto Fernández y el broker Martínez Sosa. Se lo acusa de actuar como nexo clave en un esquema de seguros que defraudó al Estado.
El juez Casanello procesó a Daniel Rodríguez, exintendente de Olivos, por facilitar encuentros secretos entre Alberto Fernández y el broker Martínez Sosa. Se lo acusa de actuar como nexo clave en un esquema de seguros que defraudó al Estado.
La justicia federal dictó el procesamiento de Daniel Rodríguez, quien fuera el administrador de la residencia de Olivos durante el mandato anterior. El magistrado Sebastián Casanello lo señala como un eslabón secundario pero necesario en una red de negociaciones incompatibles con la función pública. Según la resolución, el exfuncionario habría utilizado su posición para facilitar el acceso de intermediarios privados al círculo íntimo presidencial, permitiendo que importantes contratos de seguros quedaran en manos de allegados al poder sin dejar rastros oficiales de las gestiones.
La investigación sostiene que Rodríguez funcionó como un puente discreto entre el exmandatario Alberto Fernández y el productor de seguros Héctor Martínez Sosa. La acusación detalla que el intendente de la quinta presidencial permitía ingresos sin registrar, garantizando el sigilo necesario para que el broker y su esposa, María Cantero, profundizaran sus vínculos comerciales con el Estado. Los chats analizados revelan que estas gestiones para concretar reuniones personales no eran hechos aislados, sino parte de una dinámica habitual para influir en la toma de decisiones sobre las pólizas de organismos públicos.
El expediente cuenta con evidencia recolectada del teléfono de la exsecretaria privada presidencial, donde figuran imágenes de artículos de lujo, como relojes de alta gama y joyas, que habrían sido destinados a Rodríguez como retribución por su colaboración. Asimismo, se detectaron fotografías de encuentros informales en las oficinas de Olivos, que incluyen la entrega de obras de arte como presentes. Para el juez, estos elementos demuestran una relación de confianza que excedía lo institucional y que fue fundamental para el montaje de un esquema que generó comisiones millonarias a favor de los privados involucrados.
En su declaración, el exadministrador de la residencia oficial intentó minimizar su responsabilidad alegando que sus acciones fueron inofensivas. Si bien admitió haber servido de contacto para las reuniones, aseguró que desconocía cualquier trasfondo delictivo o plan para defraudar al erario público. Argumentó que su intervención fue meramente administrativa y que no obtuvo beneficios directos del éxito económico de la pareja de empresarios. No obstante, el juzgado rechazó estos descargos, considerando que el funcionario tenía pleno conocimiento de los conflictos de intereses y de su deber ético de neutralidad, el cual habría vulnerado al actuar como una pieza más de la maquinaria investigada.
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