Diputados debate bajar la imputabilidad a 14 años con apoyo de aliados. Sergio Berni respaldó la medida proponiendo pericias psicológicas en lugar de edades fijas, mientras el kirchnerismo resiste la reforma que busca endurecer el régimen juvenil.
Diputados debate bajar la imputabilidad a 14 años con apoyo de aliados. Sergio Berni respaldó la medida proponiendo pericias psicológicas en lugar de edades fijas, mientras el kirchnerismo resiste la reforma que busca endurecer el régimen juvenil.
En una jornada marcada por la intensidad parlamentaria, la Cámara de Diputados se dispone a tratar la creación de un nuevo sistema de justicia para adolescentes. El oficialismo, tras consolidar acuerdos con bloques aliados y sectores provinciales, busca sancionar un régimen que establezca la punibilidad a partir de los 14 años. Esta iniciativa ha generado profundas grietas en la principal coalición opositora, donde conviven posturas de rechazo absoluto con visiones que aceptan el cambio bajo condiciones de integralidad jurídica.
En medio de la controversia política, Sergio Berni manifestó una posición que desafía los consensos habituales de su espacio. En una entrevista concedida a La Nación, el actual legislador provincial sostuvo que la criminalidad no debería medirse por criterios cronológicos fijos, sino por la madurez cognitiva del autor. Según su visión, la ley actual es anacrónica y no contempla la evolución de los estímulos sociales que reciben los jóvenes en la actualidad, lo que requiere un enfoque técnico más riguroso.
Berni argumentó que, más allá de fijar un límite arbitrario, el sistema judicial debería implementar exámenes psicológicos obligatorios para determinar si un menor comprendía el carácter delictivo de sus actos. Para el exfuncionario, tratar la edad de imputabilidad como una negociación de cifras es un error que impide al país adoptar un modelo de vanguardia. Asimismo, criticó con dureza el funcionamiento de los centros de detención vigentes, denunciando una falta de preparación profesional en las áreas encargadas de la custodia y rehabilitación de delincuentes juveniles.
La propuesta que llega al recinto contempla una estructura de sanciones que prioriza la reinserción social, aunque endurece la respuesta estatal ante delitos de extrema gravedad. El texto establece los siguientes lineamientos:
Escala punitiva: el ingreso al sistema penal se fija en los 14 años, con condenas máximas que no podrán exceder los 15 años de reclusión.
Medidas alternativas: para infracciones menores, se promueven soluciones no carcelarias como el resarcimiento de perjuicios, trabajos en beneficio de la comunidad y restricciones de contacto con los damnificados.
Infraestructura diferenciada: el régimen exige que los jóvenes cumplan sus penas en establecimientos exclusivos, garantizando el derecho a la formación educativa y la asistencia sanitaria, lejos de la población penal adulta.
La discusión sobre el régimen juvenil también expone la preocupación por el incremento de crímenes violentos cometidos por menores en el territorio bonaerense. Mientras que sectores del kirchnerismo se oponen a la baja de la edad por considerarla una medida regresiva, otros referentes sostienen que la impunidad actual alimenta el ciclo de violencia. El desenlace de la votación en la Cámara Baja será determinante para definir si el país inicia una transformación estructural en sus leyes penales o si mantiene el esquema protectorio vigente desde la década del 80.
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