Subasta oficial en Almagro: el remate de un terreno que moviliza al barrio

El Gobierno subasta un terreno baldío en Almagro por 425.000 dólares, pero vecinos del colectivo “Relieve” exigen transformarlo en una micro reserva urbana. Ante la falta de espacios verdes en la comuna, piden que el Estado preserve este bosque espontáneo.

Caputo y Milei. Foto: JMilei.

La administración de Javier Milei avanza con su plan de desprenderse de activos estatales considerados innecesarios, poniendo nuevamente a la venta una parcela ubicada en Francisco Acuña de Figueroa 981. Este pequeño lote baldío forma parte de un listado de más de cuarenta propiedades públicas que el Ejecutivo nacional busca privatizar para generar ingresos. Tras un intento fallido en noviembre, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) redujo el precio base a poco más de 425.000 dólares, intentando atraer a desarrolladores inmobiliarios interesados en este rincón porteño.

El reclamo vecinal por un pulmón ecológico

Pese al interés fiscal, los residentes de la Comuna 5 se han organizado bajo el colectivo “Relieve” para frenar la venta y transformar el sitio en una micro reserva natural. El argumento central es la crisis ambiental que atraviesan Almagro y Boedo, los barrios con el índice más bajo de vegetación por habitante en toda la Capital Federal. Los vecinos proponen que la Ciudad gestione el traspaso del dominio para preservar el ecosistema que se desarrolló espontáneamente tras seis décadas de abandono, convirtiendo el “bosque urbano” en un área de absorción y esparcimiento.

Historia de un legado y el futuro del entorno urbano

El terreno, que originalmente albergaba una vivienda familiar, fue cedido al Estado Nacional en la década de 1950 mediante un testamento ológrafo. Con el correr de los años, la construcción desapareció y la naturaleza tomó el control, poblando el lote con ejemplares de paraísos, fresnos y helechos. Aunque el proyecto de ley para crear la plaza cuenta con el visto bueno de varios legisladores y de la junta comunal, el destino de la parcela sigue atado a la puja financiera. Los activistas barriales esperan que la presión social desaliente las ofertas privadas, permitiendo que el Estado priorice la salud urbana sobre la recaudación económica.

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