Monteoliva advierte: “marchar es un derecho, la violencia no”

La Ministra de Seguridad anunció que las fuerzas federales intervendrán ante posibles disturbios en las marchas contra la reforma laboral. El operativo incluye requisa de mochilas y monitoreo en los principales accesos al Congreso Nacional.

Alejandra Monteoliva. Foto: NA.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ratificó el despliegue de un operativo de control ante las múltiples movilizaciones que se desarrollaban hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A través de sus canales oficiales, la funcionaria diferenció el derecho a la manifestación de los actos de violencia, asegurando que las fuerzas federales tienen orden de actuar para mantener el orden público.

“Marchar en paz es un derecho; la violencia, no”, expresó la titular de la cartera en su cuenta de X. La funcionaria advirtió que quienes atenten contra el orden democrático o generen caos enfrentarán consecuencias legales.

Este pronunciamiento ocurrió mientras diversas organizaciones sociales, sindicatos y movimientos de jubilados se concentraban en las inmediaciones del Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la reforma laboral.

El Ministerio de Seguridad endureció los controles tras los incidentes registrados el pasado 11 de febrero. En aquella oportunidad, los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y Gendarmería incluyeron el lanzamiento de proyectiles y el uso de gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Para la jornada actual, la administración dispuso la revisión de pertenencias y vehículos, además de la restricción del uso de banderas que dificulten la identificación o el desplazamiento.

Efectivos de Gendarmería Nacional se apostaron desde temprano en Avenida Rivadavia, entre Callao y Riobamba, con un despliegue que incluyó camionetas, motos y camiones hidrantes.

Paralelamente, se reportaron complicaciones en accesos clave como el Puente Pueyrredón. Desde la cartera de Seguridad, recomendaron a la prensa evitar zonas de conflicto para preservar su integridad física durante el operativo.

Por su parte, los sectores convocantes cuestionaron la magnitud del despliegue policial. Organizaciones sindicales y sociales señalaron que estas medidas de control buscan desalentar la participación ciudadana en una jornada donde el Poder Legislativo analiza cambios en los derechos laborales. A pesar del operativo, las columnas de manifestantes mantuvieron su avance hacia la zona del palacio legislativo.

La implementación de estas medidas de control plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Logrará el nuevo protocolo prevenir incidentes violentos sin vulnerar las libertades individuales de los manifestantes autoconvocados?

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