La Primera Sala del Tribunal Supremo comenzó las audiencias para sentenciar a los cinco acusados de planificar el asesinato de la concejala ocurrido en 2018. Entre los implicados figuran influyentes políticos y un jefe policial, señalados por ordenar el ataque debido a la oposición de la activista a los negocios de las milicias en Río …
Siete años después del atentado que conmocionó a la región, la justicia brasileña dio inicio este martes al juicio definitivo contra los presuntos cerebros detrás del asesinato de Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes. El proceso, desarrollado en la Primera Sala del Tribunal Supremo en Brasilia, apunta contra una red de poder político y policial que habría orquestado el ataque para frenar el activismo de la concejala en barrios vulnerables.
Entre los banquillos de los acusados sobresalen figuras de peso en la estructura estatal de Río de Janeiro: el consejero del Tribunal de Cuentas, Domingos Brazão, y su hermano, el exdiputado federal João “Chiquinho” Brazão. Junto a ellos, la Fiscalía denunció al excomisario de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, al expolicía militar Ronald Paulo Alves y al antiguo asesor Robson Calixto Fonseca.
La tesis de la acusación sostiene que el móvil del crimen fue estrictamente político y económico. Marielle Franco, una referente de la causa negra, feminista y LGBT+, se oponía fervientemente en el concejo municipal a proyectos de ley impulsados por los hermanos Brazão. Dichas iniciativas buscaban legalizar la apropiación de tierras por parte de las milicias, grupos paramilitares que ejercen un control violento sobre vastos sectores de la capital carioca.
El 14 de marzo de 2018, la activista de 38 años fue acribillada a balazos en el centro de Río mientras regresaba de un acto. Si bien los autores materiales ya fueron condenados a penas máximas en 2024, el juicio actual busca desarticular la estructura de mando que permitió el magnicidio. Anielle Franco, hermana de la víctima y actual Ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula da Silva, estuvo presente en la sala y reclamó castigos ejemplares: “No es admisible que una concejala sea asesinada”, sentenció ante la prensa.
El Tribunal Supremo ha programado dos jornadas de audiencias para definir la suerte de los implicados. Para los organismos de derechos humanos, este fallo representa una prueba de fuego para las instituciones brasileñas en su lucha contra la impunidad de las mafias territoriales y la protección de los dirigentes sociales en contextos de alta violencia política.
Argentina supera la media mundial en bienestar emocional, según un estudio de la Universidad Austral y Harvard. Pese a la incertidumbre económica, la resiliencia, los vínculos sociales y el sentido de propósito actúan como amortiguadores, configurando una notable paradoja social.
La ANSES, mientras tanto, sigue con los pagos correspondientes al tercer mes del año.
Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
Estados Unidos condicionó cualquier pacto económico con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel. Washington busca forzar un relevo en la cúpula para implementar reformas de mercado, mientras el régimen explora sucesores ante la crisis energética y la presión externa.
Horacio Rodríguez Larreta presentó “Metrópolis”, su nueva corriente política para competir por la jefatura porteña en 2027. Con foco en el sur de la Ciudad, propuso una “segunda transformación” que incluye viviendas y obras sanitarias, diferenciándose del actual ajuste nacional.
Cristina Kirchner declara hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos, acusada de liderar una red de sobornos. Bajo arresto domiciliario, la exmandataria calificó el juicio de “farsa” y “show”, mientras el tribunal inicia la etapa presencial de las indagatorias.
Diego Santilli reactiva la negociación con gobernadores para impulsar la reforma política de 2026, que busca eliminar las PASO. Tras tensiones por la Argentina Week, el Gobierno ofrece discutir deudas de cajas jubilatorias provinciales a cambio de respaldo legislativo crítico.
El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como asesor militar. El funcionario posee una alerta roja de Interpol por su rol en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos.
