Delegación técnica encabezada por el viceministro José Luis Daza negocia en Estados Unidos un desembolso de US$ 1.000 millones. El organismo multilateral exige definiciones sobre la acumulación de reservas, la transparencia en las estadísticas del Indec y la resolución de litigios judiciales externos.
Una delegación del Ministerio de Economía arribó a Washington para retomar las negociaciones presenciales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El equipo, liderado por el viceministro José Luis Daza, intenta cerrar la segunda revisión del programa vigente y asegurar un giro de US$ 1.000 millones.
El encuentro ocurre tras la visita de los técnicos del organismo a Buenos Aires, donde se registraron progresos, aunque persistieron diferencias en puntos estructurales de la macroeconomía argentina.
El eje central de la discusión técnica gira en torno al incumplimiento de las metas de reservas netas pactadas para el cierre de 2025. Según los parámetros del acuerdo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó lejos de los objetivos fijados, lo que obligará al Gobierno a solicitar un waiver o dispensa ante el Directorio Ejecutivo.
A pesar de que la entidad monetaria compró más de US$ 2.500 millones en el mercado de cambios durante el inicio de 2026, el staff del Fondo advirtió que la utilización de esas divisas para el pago de vencimientos de deuda impide una recuperación genuina del stock neto. El organismo internacional busca compromisos más firmes para garantizar que el excedente de dólares fortalezca el balance del Banco Central.
Otro punto de fricción en las reuniones es la postergación de la nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Ministerio de Economía decidió retrasar la actualización de la fórmula que utiliza el Indec, lo que generó malestar en Washington.
Los técnicos del FMI reclamaron un cronograma preciso para implementar los cambios estadísticos, bajo la premisa de que la transparencia de los datos es vital para la sostenibilidad del programa monetario.
Paralelamente, el frente judicial en el exterior suma presión a la mesa de diálogo. El fallo firme en el Reino Unido por los bonos atados al PBI representa una contingencia de aproximadamente US$ 1.000 millones.
La posibilidad de que esta sentencia se ejecute en los Estados Unidos preocupa tanto a los inversores como al organismo, ya que podría comprometer la estrategia oficial de recuperar el acceso al crédito voluntario en los mercados internacionales.
Argentina mantiene su posición como el principal deudor del FMI, concentrando el 35% de la cartera total del organismo con una deuda de US$ 57.400 millones al 31 de enero de 2026. Debido a que la mayor parte del financiamiento ya fue desembolsado en etapas previas, la capacidad de presión financiera del Fondo sobre el país comenzó a disminuir.
El Ministerio de Economía pretende que el acuerdo técnico o Staff Level Agreement sea elevado al Directorio durante el mes de marzo. De cumplirse los plazos previstos, el desembolso se concretaría en abril, aportando liquidez en un año marcado por exigentes compromisos financieros.
La resolución final dependerá del equilibrio entre el respaldo político que la administración de Javier Milei posee en Washington y el rigor técnico que el staff del organismo decida aplicar sobre las metas pendientes.
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