Autoridades rusas notificaron múltiples infracciones de Telegram y avanzaron en una pesquisa penal contra su fundador, Pavel Durov. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) lideró la investigación por facilitación de terrorismo, tras registrar más de 150.000 delitos vinculados a la app desde 2022.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia inició una investigación penal contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, bajo el cargo de asistencia a actividades terroristas.
Esta medida respondió a la persistente negativa de la plataforma para cooperar con las autoridades y entregar las claves de cifrado necesarias para la supervisión de contenidos. Según datos oficiales, la inacción de la empresa se vinculó con más de 150.000 delitos registrados en el país desde 2022.
Andrey Svintsov, vicepresidente del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, afirmó que el organismo cuenta con información sobre el manejo de células terroristas a través de la aplicación.
El legislador señaló que, de no establecerse una cooperación formal con Roskomnadzor en un plazo de seis semanas, Telegram será catalogada oficialmente como una organización extremista. Esta calificación legal implicaría que cualquier transferencia financiera, incluyendo suscripciones y el uso de la criptomoneda TON, se considerará financiación delictiva.
La administración del servicio de mensajería, que superó los 100 millones de usuarios en territorio ruso, ignoró cerca de 150.000 solicitudes de eliminación de material ilegal.
Las investigaciones del FSB indicaron que la plataforma sirvió para coordinar el atentado en el Ayuntamiento de Crocus en 2024, además de ser utilizada por agencias de inteligencia extranjeras para recopilar datos sobre militares rusos y sus familias.
Ante este panorama, el Estado implementó medidas técnicas coercitivas. En agosto de 2025 se limitaron las funciones de voz y, para febrero de 2026, la degradación del tráfico de datos alcanzó el 55%. Estas acciones buscaron mitigar la proliferación de comunidades dedicadas al fraude, la venta de estupefacientes y la difusión de ideologías radicales que, según las fuentes oficiales, operaron bajo la fachada de la privacidad digital.
El Kremlin denunció una contradicción en la política de la empresa tras el arresto de Durov en Francia durante agosto de 2024. Las autoridades rusas destacaron que, mientras la plataforma aceptó colaborar con la Unión Europea entregando datos de usuarios, mantuvo un hermetismo total frente a los requerimientos de Moscú. Esta postura fue interpretada por los organismos de seguridad como una asistencia indirecta a potencias occidentales en el marco de una guerra híbrida.
El conflicto actual planteó un dilema sobre los límites de la libertad digital y la soberanía estatal. Las exigencias del gobierno incluyeron la creación de una entidad legal en Rusia y el almacenamiento local de los datos personales de los ciudadanos.
La resolución de este proceso penal y administrativo definirá si el servicio de mensajería podrá integrarse al marco legal vigente o si su uso quedará prohibido definitivamente para los usuarios rusos.
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