La CGT define su contraataque: entre la presión callejera y la vía judicial

La central obrera se reúne hoy para coordinar medidas de fuerza ante el debate en el Senado.

En un clima de máxima tensión sindical, la cúpula de la CGT mantendrá este miércoles un encuentro clave en la sede de UPCN para definir su plan de acción frente al tratamiento de la reforma laboral. Tras el paro general del pasado 19 de febrero, el cuarto en lo que va de la gestión de Javier Milei, los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello buscan unificar una postura que equilibre la resistencia en las calles con una estrategia de judicialización de los puntos más conflictivos del proyecto.

La presión interna aumenta ante el avance legislativo de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Sectores más duros, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y las dos vertientes de la CTA, ya confirmaron una movilización al Congreso para este viernes, acompañada por un cese de actividades de los estatales de ATE. Esta fragmentación en la intensidad de la protesta obliga a la CGT a endurecer su discurso para no perder el liderazgo de la calle ante los gremios denominados “combativos”.

Jorge Sola, referente de la central, admitió recientemente que el lobby con los legisladores “no fue suficiente” para frenar el proyecto en la Cámara Baja. Por este motivo, el foco ahora se traslada a la Cámara de Senadores, donde el sindicalismo planea aplicar una vigilancia estricta sobre los representantes, especialmente aquellos de extracción justicialista. La advertencia es clara: se hará pagar el “costo político” a todo aquel que acompañe la reforma, bajo la premisa de que la aprobación no significará el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa de reclamos.

Más allá de la movilización, la estrategia legal gana terreno. La CGT prepara presentaciones ante los tribunales para impugnar artículos que consideran violatorios de los derechos constitucionales. Esta doble vía —el asfalto y el juzgado— busca desgastar la implementación de una ley que, según los dirigentes, vulnera la estabilidad del empleo y los sistemas de licencias. La reunión en UPCN será el termómetro final para determinar si el próximo viernes habrá una acción conjunta de toda la fuerza gremial o si persistirá la desincronización entre las diferentes facciones sindicales.

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