Fabiana León, fiscal del Tribunal Oral Federal 7, solicitó desestimar los 55 planteos de las defensas, incluida la de Cristina Kirchner. El Ministerio Público Fiscal defendió la validez del juicio frente a las acusaciones de extorsión y adulteración.
El debate oral por la denominada “Causa Cuadernos” retomó su pulso en los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal. Durante la última audiencia, la fiscal general Fabiana León expuso una postura tajante frente a los intentos de las defensas por invalidar el proceso que investiga una presunta asociación ilícita entre los años 2003 y 2015.
León calificó como una “inversión de términos” la estrategia de los abogados defensores. Según la representante del Ministerio Público Fiscal, se intentó desplazar el foco de los 86 imputados hacia los funcionarios que realizaron la instrucción.
En su alocución ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, la fiscal afirmó que la etapa de “perseguir a los investigadores” finalizó, instando a que la culpabilidad o inocencia se dirima exclusivamente en la instancia del juicio público.
La fiscalía también respondió a los cuestionamientos sobre la Ley 27.304, conocida como Ley del Arrepentido. Las defensas de varios imputados colaboradores alegaron que las confesiones fueron obtenidas bajo coacción o temor a la detención.
Al respecto, León señaló que los acuerdos se celebraron con asistencia letrada y que las objeciones actuales carecen de “contemporaneidad”, sugiriendo incluso que, de caer los acuerdos, la fiscalía solicitaría las penas máximas para quienes hoy reniegan de su colaboración.
Uno de los puntos de mayor fricción radica en el estado de los manuscritos de Oscar Centeno. Aunque peritajes técnicos detectaron adulteraciones en tres de los ocho textos, la fiscalía y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvieron que dichas irregularidades no anulan la elevación a juicio.
Mariano Galpern, abogado de la UIF, enfatizó que no se demostró un “perjuicio concreto” que justifique la nulidad absoluta de las actuaciones.
Por otro lado, la UIF ratificó su permanencia en el debate pese al reciente Decreto 274/2025. El organismo argumentó que la nueva normativa, que limita sus facultades para querellar en casos de corrupción, rige hacia el futuro y no afecta los procesos ya iniciados y consolidados por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
Tras las exposiciones de los acusadores, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de marzo. En esa fecha, los magistrados deberán decidir si hacen lugar a las nulidades planteadas o si, por el contrario, dan inicio definitivo a las declaraciones indagatorias.
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